A pesar de la profunda crisis económica que vive el país, el régimen cubano continúa persiguiendo el trabajo informal. En lugar de crear soluciones que permitan a esa parte de la población llevar una vida digna, prefiere, porque así es el castrismo, gastar innumerables recursos en lo que ha denominado "enfrentamiento a las ilegalidades", aunque muchas veces sus víctimas no han cometido ningún delito, y sí han realizado mucho esfuerzo intentado llevar algo de comida a sus casas.
El "enfrentamiento a las ilegalidades" ha sido desplegado a lo largo y ancho de la geografía nacional, y ha contado incluso con el apoyo de los medios de comunicación y propaganda del régimen, como medida ejemplarizante, pero también coercitiva, aunque al final no ha logrado que esos cubanos dejen de comprar en un lugar para vender en otro, aunque a simple vista parece que el único objetivo de esto es mantener el despliegue policial, como manera de disuadir un posible estallido social.
Por estos días el "enfrentamiento" ha vuelto a ocupar titulares, y un ejemplo es un artículo publicado este 23 de marzo por el periódico estatal Vanguardia, donde reseña que "durante la semana fueron detenidos varios individuos" en la provincia de Villa Clara
"Nuevamente, las autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Dirección de Inspección y Supervisión (DIS) comparecieron en la revista informativa especial de Telecubanacán y la emisora CMHW para informar sobre el enfrentamiento a los delitos e ilegalidades durante los últimos siete días", publicó el citado medio oficialista en su versión digital.
El texto refiere que como resultado de los operativos policiales, "la PNR detectó la realización de actividades económicas ilícitas en áreas de la candonga de Santa Clara".
Apunta además que "le incautaron a un ciudadano que traficaba de forma clandestina 150 ruedas de cigarros", y que en el transcurso de "un registro a domicilio detectaron el tráfico de 254 cajas de cerveza Hollandia".
De igual manera, destacan que "en la semana fueron detenidos varios individuos por cometer el delito de cohecho (propio de empleados estatales), desobediencia y atentado".
Hay que agregar que por su parte, los inspectores de la DIS reportaron 463 violaciones, y además impusieron 431 multas. Las causas más frecuentes en estos casos fueron "el engaño al consumidor, alteración de los precios, mercancías ocultas y actos de favoritismo".
Por último hay que señalar que en estos casos las sanciones administrativas se limitaron a la amonestación pública, mientras al pueblo se le aplican medidas más severas.
