La imagen maltrecha de policías usando fuerza excesiva contra la ciudadanía aglomerada en largas colas de tiendas y mercados no ha sido otra cosa que el punto climático activado por la llegada del COVID-19 a la isla y el consecuente estado de emergencia nacional. Clímax que tendría su episodio más trágico en los hechos ocurridos en la estación policial de Calabazar, que dejaría como saldo dos elementos policiales muertos.
Pero, mucho antes de esta tragedia, cometida por un joven presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, los enfrentamientos entre las fuerzas del orden interior y la sociedad civil se encontraban en su momento más crítico volviéndose un panorama casi cotidiano.
“Antes de la pandemia las manifestaciones contra la policía en las comunidades periféricas ya se tornaban frecuentes. Era como la reacción de un pueblo cansado de ser engañado y además reprimido por quejarse durante años”, opinó Dalia Miranda López, vecina del reparto Miraflores, una de las barriadas habaneras con graves afectaciones en el servicio de agua potable.
“Las protestas, cada vez más masivas, contra la actuación de la policía están marcando la hora y es una seña que el Gobierno no está captando y cree que son casos aislados. Por otra parte, estamos hablando de una policía que siempre fue desproporcional utilizando la fuerza contra un pueblo que, de tan noble, se volvió dañinamente aguantón”, apostilló Miranda López.
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Disímiles encuestas realizadas durante las últimas décadas en Cuba sobre el accionar de los elementos del orden interior han indicado que la policía suele ser desproporcionalmente más dañina que protectora de la llamada “tranquilidad ciudadana”. El cuerpo policial del orden interior ‒como se ha resaltado en las encuestas‒ opera desde tres mecanismos que sostienen su dudosa eficacia de control: la delación, la corrupción y una impunidad presupuestada por el Partido Comunista que, en todo caso, es quien lleva las riendas administrando mordazas, decretos y leyes con un único propósito: condicionar la atomización de la sociedad civil.
Los umbrales del hambre y la escasez, maximizados tras la expansión del COVID-19 y el consecuente cierre de las fronteras, han servido como nuevo escenario donde se revela a una sociedad civil hastiada, menos tolerante y con capacidad de respuesta ante la violencia policial.
“Hay que señalar también que desde la etapa ‘coyunturalʼ, el nuevo nombre que Miguel Díaz-Canel dio al Período Especial, la gente estaba predispuesta y aumentó la presencia de policías y militares en las calles”, puntualizó Esteban Cañizares, vecino del reparto Juanelo.
“Aquí [en Cuba] ya no solo existe represión contra las voces disidentes, sino contra el ciudadano en general y por cualquier motivo. Las diarias confrontaciones entre policía y población se duplicaron con la cuarentena, pero anteriormente la gente ya se había cansado del maltrato y del abuso policial respondiendo con violencia”, ahondó Cañizares.
Psicóloga de profesión y vecina de Lawton, Nancy Ledesma coincidió en que la acumulación de maltratos a la población durante años, desde todos los niveles e instancias de la estructura estatal, ha funcionado como el resorte para que estallen los focos de protestas, “casi siempre en las comunidades desatendidas por el Estado”.
“La policía funciona en Cuba como la primera línea de interacción entre la angustia de la ciudadanía y el Gobierno. Un diálogo que justamente es trunco y, por ende, su naturaleza es violenta. Los psicólogos que nos atrevemos a ‘pensarʼ un poco más allá de nuestro servicio, concordamos en que estos enfrentamientos cada día más frecuentes son el repudio de los cubanos al Gobierno, canalizado a través de la policía”, apuntó Ledesma.
Actualmente, al régimen cubano le resulta mucho más complejo ocultar tanto la violencia policial como la respuesta de la sociedad civil ante un accionar que se volvió política de gobierno. Las redes sociales, el creciente empuje de la oposición, y la constancia de una prensa independiente que se ha granjeado, con creces y no pocos riesgos, la confianza del cubano de a pie, apenas le dejan margen al régimen para sostener su retórica y manipulación de la realidad cubana.
En opinión del periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, quizás la violencia policial en Cuba no se ha incrementado, sino que aumentó la disposición de la sociedad civil para ejercer su derecho a la denuncia, aunque para ello utilice como tribuna a las redes sociales.
“El régimen ha calculado mal sus opciones. El miedo ciudadano a las represalias por manifestar su desagrado seguirá siendo el terreno decisivo. Los cubanos en la isla prácticamente se han quedado sin posesiones que perder, sean materiales o aspiraciones personales, y eso implica menos miedo en la ecuación”.
“Lo que protagonizó el joven de Calabazar, asesinando a dos agentes del orden público como presunta reacción a una medida excesiva por incumplir las normas decretadas en la emergencia nacional, no supone un ejemplo moral o de civismo. El eje central de este suceso será siempre uno: la policía no puede, no es su competencia, interpretar a discreción las leyes ni graduar a su antojo el costo por violentarlas”, concluyó Rodríguez.
