El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció a mediados del actual mes que su gobierno intercambiaba con el régimen de La Habana, para establecer un acuerdo sobre la ayuda de médicos cubanos en la gestión sanitaria de la pandemia del coronavirus en este país.
De acuerdo a un reporte emitido por el diario El Venezolano (Panamá), varios medios ya han asegurado que el acuerdo es un hecho. Cortizo, respondió a la prensa cuando los reporteros indagaron sobre la posible llegada de médicos cubanos: “Esto con el fin de poder fortalecer y apoyar a nuestros trabajadores de la salud”.
La noticia de la posible contratación de personal extranjero, particularmente cubanos, ha provocado una fuerte polémica en el país. Otros debates similares se han establecido en distintas naciones, relacionados con temas que van “desde altos costos por servicios, propaganda política y corrupción”, reconoce El Venezolano.
Mayín Correa, diputada de Cambio Democrático, rechaza esta posibilidad. “No vamos a permitir médicos extranjeros. Hay más de 500 médicos panameños desocupados, en espera de ser nombrados”, aseguró.
En tanto, integrantes del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), opinan que sí debería concretarse el acuerdo, “destacando que la estrategia gubernamental contra el COVID-19 ha fracasado y la labor de los médicos cubanos ha sido reconocida por varios países”. Sin embargo, no mencionaron que también han sido criticados, pues el gobierno castrista no pocas veces envía profesionales sin la experiencia o la especialización requerida para cuidados a enfermos graves por el virus.
La Ministra Consejera de Salud en Panamá, Eyra Ruiz, dijo que “la contratación de médicos de Cuba se ha politizado”, según publicó La Estrella de Panamá, en una nota firmada por el periodista Gustavo Aparicio, citada por El Venezolano.
“(…) Yo creo que en el tema de salud debemos sacar las ideologías y la política del medio, porque cuando se trata de salvar vidas nosotros no podemos estar en estos juegos”, señaló Ruiz.
Por su parte, el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, declaró que “la contratación de médicos extranjeros, por ahora, está en pausa. Sin embargo, advirtió que “si se da un repunte de casos y al final es necesario, tomarán las medidas que sean necesarias, entre esas contratar personal extranjero”.
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Durante una visita a Panamá del consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Robert O’Brien, Estados Unidos realizó una donación de “50 respiradores mecánicos para pacientes con COVID-19 en el país suramericano”. Sobre la venta de servicios médicos cubanos O’Brien, consideró que es “un patrón gubernamental de trabajo forzado, que sirve de propaganda para el gobierno de la isla”.
El director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver-Carone, quien acompañó en el viaje oficial a O’Brien, también trasladó sus preocupaciones sobre el tema al gobierno panameño.
Claver-Carone refirió: “Abogaríamos con Panamá y con todos los países del mundo por que se respeten los derechos de los médicos, y que no se permita que sean usados como rehenes del régimen cubano”, según una nota publicada el 18 de agosto por France 24.
Lo cierto es que activistas, cubanos, organizaciones internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos, han denunciado el sistema de “misiones médicas” como violatorio de los derechos humanos de los cubanos que participan en ellas, algo reconocido por relatoras de la ONU como “trabajo forzoso”.
Según fuentes oficiales, desde el inicio de la emergencia sanitaria global, la dictadura de la isla caribeña ha enviado tres mil 772 trabajadores a casi 40 países.
Según información recogida por ADN Cuba la renta de profesionales a gobiernos extranjeros aporta a Cuba más de$ 10 mil millones. Cerca de 50 mil médicos cubanos colaboran en más de 60 países. El régimen se queda entre el 70 y 90% del salario. Solamente en Brasil, Cuba lucró $ 360 millones cada año entre 2013 y 2018.
Mientras, los ingresos de los médicos cubanos en la isla oscilan entre los $60 al mes y la mayoría de los hospitales están en malas condiciones. Los médicos que rompen con la misión son castigados por 8 años sin permitirles regresar a su país.
