Congresistas estadounidenses enviaron este 19 de julio una carta al CEO de Twitter, Jack Dorsey, para que elimine la cuenta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de la red social.
En la misiva, los políticos justifican su decisión alegando que la cuenta del mandatario y primer secretario del Partido Comunista se utiliza para amplificar información falsa y calumniar a los manifestantes cubanos, reprimidos por su propio gobierno.
“No estamos defendiendo la censura, de la que han sido objeto las voces conservadoras (…). Pero es difícil imaginar que los tuits de Díaz-Canel, así como las acciones del gobierno cubano, se correspondan con la política de Twitter”, alegó el grupo de firmantes. Entre ellos figuran Kat Cammack, Marío Díaz-Balart, Barry Moore, Dan Bishop, Claudia Tennet, entre otros.
Los directivos de Twitter y otras redes sociales han suspendido cuentas de políticos y personalidades en general que —según asegura la empresa—, esparcen noticias falsas, llaman al odio y discriminan.
El discurso oficial del gobierno cubano sobre las protestas señala que los manifestantes son pagados por EE. UU. y que está en curso un complot para acabar con la “Revolución”, aunque sin ofrecer pruebas que sustenten estas acusaciones.
Díaz-Canel autorizó públicamente el uso de la fuerza contra el levantamiento popular y convocó a los simpatizantes del gobierno a “enfrentar a los contrarrevolucionarios”.
Las protestas comenzaron en Cuba en la localidad de San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, el 11 de julio y se extendieron a más de 60 localidades del territorio nacional.
Hasta el momento, la ONG Cubalex, que da asesoría legal a defensores de derechos humanos, ya suma en su listado más de 500 detenidos y desaparecidos durante las protestas.
Hasta el momento, el gobierno cubano solo ha reconocido la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio de Arroyo Naranjo, de quien la nota oficial no se da las causas del deceso.
Denuncias en las redes sociales hablan de más muertos y heridos, aunque la información no ha sido confirmada.
El pasado 16 de julio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió al régimen cubano la liberación de todos los manifestantes detenidos durante las protestas y apostó por el inicio de un proceso de diálogo.
Varios gobiernos han condenado la represión en la isla y exigido al gobierno cubano que respete el derecho a la libre manifestación. Entre ellos los de Alemania, Canadá, Uruguay, Portugal.
Estados Unidos declaró públicamente que la represión era inadmisible. Un día después, el presidente Joe Biden dijo que revisaría su política hacia Cuba a raíz de estos sucesos.
