Roxana García, hermana del preso político Andy García, pidió este 10 de enero a los Gobiernos con representación diplomática en Cuba que emprendan acciones a favor de la libertad de todos los prisioneros de conciencia.
A través de una carta, que comparte la organización no gubernamental Prisoners Defenders, García pide a 32 países que participen como observadores en los juicios contra los manifestantes del 11 de julio, cuyas condenas podrían alcanzar 30 años de cárcel.
Recordó que su hermano permanece en celda de castigo desde hace un mes, ha sufrido maltratos en la prisión, y fue amenazado de fusilamiento. Otros 1500 encausados se encuentran en situaciones similares.
“Acudimos con el ruego de que nos acompañen como observadores en estos juicios o, en su defecto, lleven a cabo en su país acciones encaminadas a detener estos crímenes de lesa humanidad”, declaró García.
La víspera, Andy, encarcelado en Santa Clara, envió un mensaje desde prisión para reafirmar su postura política y reiterar su pedido a la dictadura de que abandone el poder.
“Reitero mi confirmación y compromiso ante esta causa, sigo estando puesto y los ideales no se negocian, por lo que continuaré firme pese a lo que tenga que enfrentar. Y para esta dictadura digo como mismo lo hice el 11 de Julio: Acaben de entregar el poder, que cese el miedo importado y luego implantado de este comunismo en nuestro pueblo, en nuestra preciosa isla”, manifestó.
García Lorenzo se encuentra preso desde el 11 de julio de 2021. Fue detenido cuando regresaba hacia su vivienda luego de participar en las protestas pacíficas de su ciudad. Lo ingresaron en una patrulla policial y lo golpearon, y no recibió entonces atención médica, según denunció su familia.
Primero estuvo recluido en la cárcel conocida como La Pendiente y a inicios de diciembre las autoridades lo trasladaron para Guamajal. En octubre de 2021 realizó una huelga de hambre de 10 días que abandonó por motivos de salud.
Este lunes 10 de enero tendrá lugar en Santa Clara el juicio en su contra. La Fiscalía le pide siete años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado y desacato a la autoridad.
