La opositora cubana Rosa María Payá solicitó este 5 de abril en Ginebra la expulsión de Cuba, Rusia y otras dictaduras del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Invitada a una conferencia de prensa en esa ciudad suiza por la organización United Nations Watch, Payá aseguró que Cuba no merece estar en esa instancia de Naciones Unidas debido a las violaciones constantes que se comenten en el país.
Aseguró que el gobierno cubano tiene a cientos de personas en las cárceles tras las protestas de julio de 2021, en franca violación de su propia legislación y las normas internacionales, entre ellas decenas de niños.
Por otra parte, respaldó el reclamo de la comunidad internacional de sacar a Rusia del Consejo tras su agresión a Ucrania y mencionó las matanzas realizadas por el ejército ruso que han sido divulgadas en los últimos días.
En Cuba hay más de 1000 prisioneros políticos, señaló la ONG Prisoners Defenders en un informe publicado el 3 de marzo. Al menos 869 de esas personas fueron detenidas por las protestas del 11 y 12 de julio pasado, además de otras decenas, liberadas tras imposición de multas en los últimos meses.
Los juicios no han cesado en estos meses y, en algunas localidades del país, las autoridades han sido extremadamente severas con los manifestantes.
Al respecto, el régimen sentenció a los manifestantes antigubernamentales del 11 de julio pasado en la Esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana, a penas de hasta 30 años de cárcel, según información publicada por el Tribunal Supremo Popular.
La mayoría de las condenas superan los 10 años de prisión. En los casos de Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven ascienden a 30 años de cárcel, mientras que para Wilmer Moreno Suárez serían 26 años tras las rejas.
Brandon David Becerra, uno de los detenidos menores de edad, que cumplió 18 años encarcelado, fue sentenciado a 13 años, a pesar de que su petición fiscal era de cinco años sin internamiento. El joven Walnier Ruiz Aguilar, cuya familia denunció que padece discapacidad intelectual, fue condenado a 23 años.
El tribunal del régimen aseveró que, en el municipio de Diez de Octubre, los manifestantes actuaron “obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior” e “intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta”.
