Comisión de la ONU pide a Cuba compensación para exprisionera política

Keilylli de la Mora, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, fue condenada en 2020 a un año y seis meses de cárcel por los delitos de “propagación de epidemias”, “desacato”, “atentado” y “desobediencia”.
Keilylli
 

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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU pidió una “compensación” al gobierno cubano para la activista Keilylli de la Mora por su arresto de abril de 2020, tras publicar un informe sobre cómo la detuvieron.

Según el documento, su detención careció de base legal y fue un castigo por ejercer su derecho a expresarse y manifestarse libremente, reconocido por la Constitución cubana y la ley internacional.

“Celebramos la decisión [de la ONU] de condenar la campaña de hostigamiento e intimidación del régimen cubano contra De La Mora (…). Los arrestos y detenciones arbitrarios se han disparado como resultado de las mayores protestas a favor de la democracia en la isla en la historia reciente”, declaró el asesor legal de Human Rights Foundation, Roberto González al conocer la noticia.

De la Mora dijo a Radio Martí que no cree que el régimen cubano haga caso de este pronunciamiento de la ONU. “Ni me van a indemnizar y mucho menos me van a retirar la sanción que estoy cumpliendo actualmente. Yo pienso que ellos no aceptarán eso”, añadió.

La activista de la Unión Patriótica de Cuba fue condenada en 2020 a un año y seis meses de cárcel por los delitos de “propagación de epidemias”, “desacato”, “atentado” y “desobediencia”. En marzo de este año, fue liberada bajo el régimen de libertad condicional.

La joven, de 27 años, atentó contra su vida varias veces e inició huelgas de hambre estando en prisión. En julio de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a su favor, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y riesgo.

En 2013 y 2018 también estuvo encarcelada, bajo los cargos de “peligrosidad predelictiva” y “tenencia de arma blanca y explosivos”.

El Grupo de Trabajo de la ONU consideró que su último arresto viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y los documentos de Naciones Unidas que garantizan los derechos de las personas privadas de libertad.

En opinión de los expertos la incomunicación, la falta de acceso a un abogado, los malos tratos y las condiciones inhumanas de detención, hicieron imposible que De la Mora recibiera un juicio justo con las garantías del debido proceso.