La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos vigilará “de manera remota” la situación en Cuba el 15 de noviembre, día seleccionado para la Marcha Cívica por el Cambio, declaró a Radio Martí Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada Michelle Bachelet.
Según la funcionaria, su Oficina no tiene la autorización de participar como observador internacional en la manifestación, como había pedido el grupo opositor Archipiélago, que convoca a la protesta pacífica.
Sin embargo, la institución “continuará dando seguimiento” a la situación “en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Además, “la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está lista para brindar asistencia a las autoridades y otros actores cuando sea relevante”.
La solicitud de Archipiélago a Bachelet, con el objetivo de evitar la represión, fue entregada igualmente a Tom Haek, funcionario de la misma instancia que atiende varios países entre ellos Cuba.
El texto denuncia que los promotores de la marcha son “víctimas de estigmatización, acoso y represión, pública y personal. Una limitación de derechos que no es insignificante. Y que se suma a la existencia de más de 1000 personas detenidas y/o procesadas por las protestas del pasado 11 de julio”.
La proximidad del 15N ha provocado un aumento de los arrestos, amenazas, chantajes, sanciones de cárcel y expulsiones de centros de trabajo como señales de advertencia a ciudadanos que manifestaron públicamente su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio.
Archipiélago decidió adelantarla para el 15 de noviembre a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
Decenas de ciudadanos en La Habana, Holguín, Santa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Nuevitas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, entre otras localidades, firmaron documentos que notifican a las autoridades la intención de salir a las calles demandando respeto a los derechos humanos y a favor de la libertad de los presos políticos.
El 12 de octubre el régimen declaró ilícita esta iniciativa amparada en la Constitución de 2019. Los organizadores en cada territorio fueron informados de la negación a través de las intendencias de sus localidades.
