Relator de la ONU advierte al régimen sobre violación del derecho a la protesta

El relator especial de la ONU para la libertad de asociación, Clément Voule, advirtió al régimen cubano que debe respetar el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente.
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El relator especial de la ONU para la libertad de asociación, Clément Voule, advirtió al régimen cubano que debe respetar el derecho de los ciudadanos a protestar a pocos días de la marcha pacífica del 15 de noviembre.

“A medida que se acercan las protestas del 15 de noviembre, recuerdo a las autoridades cubanas su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas. Es una violación del Estado acosar e intimidar a los organizadores para evitar protestas pacíficas”, declaró Voule en Twitter.

La víspera, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que vigilará “de manera remota” la situación en Cuba el 15 de noviembre.

La proximidad del 15N ha provocado un aumento de los arrestos, amenazas, chantajes, sanciones de cárcel y expulsiones de centros de trabajo como señales de advertencia a ciudadanos que manifestaron públicamente su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio y activistas opositores en general.

Estas detenciones se han hecho a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo de Cuba aseguró en declaraciones a la prensa extranjera acreditada en La Habana que manifestarse no es delito sino un derecho constitucional.

Archipiélago decidió adelantarla para el 15 de noviembre a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.

Decenas de ciudadanos en La HabanaHolguín, Santa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Nuevitas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, entre otras localidades, firmaron documentos que notifican a las autoridades la intención de salir a las calles demandando respeto a los derechos humanos y a favor de la libertad de los presos políticos.

El 12 de octubre el régimen declaró ilícita esta iniciativa amparada en la Constitución de 2019. Los organizadores en cada territorio fueron informados de la negación a través de las intendencias de sus localidades.

Una semana después, la Fiscalía General de la República amenazó a los promotores de la marcha del 15N, organizados en el grupo contestatario Archipiélago, con procesarlos por “instigar a delinquir” y otros delitos.

Las autoridades vinculan a los promotores de la marcha pacífica opositora con “cabecillas contrarrevolucionarios” de instituciones y congresistas del vecino país que buscan un “cambio de régimen” y una “intervención militar”.

 

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