Autoridades judiciales cubanas rechazaron la petición de libertad condicional al preso político Asiel Pérez Machín, quien además fue trasladado a la prisión 1580 de La Habana bajo un régimen de mayor rigor, informó este 27 de diciembre Radio Martí.
A Pérez le fue denegada la libertad condicional a la que tenía derecho en enero y deberá permanecer en prisión hasta julio de 2022, cuando se cumpla su condena de un año, recalcó el medio.
Tras su participación en las protestas del 11 de julio en Centro Habana, Pérez fue sentenciado por los delitos de “desorden público” en un proceso sumario sin representación legal. Luego su sanción fue rebajada a un año de trabajo correccional con internamiento.
Pérez sufrió una agresión de presos comunes este mes. Las autoridades utilizaron este suceso como pretexto para negarle el beneficio de libertad condicional. La agresión pudo ser orquestada por la Seguridad del Estado, aunque no hay pruebas de ellos, declaró el abogado Sergio Osmín, coordinador del grupo Inteligencia Ciudadana, que protege a presos políticos y opositores.
“Desde la perspectiva de los Derechos Humanos el proceso penal seguido contra Asiel Pérez Machín está signado por las abominables características inquisitoriales, en virtud de la obsoleta Ley No. 5 de Procedimiento Penal de 1977, sujeta a derogarse el 1 de enero de 2021, debido a sus retrógrados estándares en detrimento de la persona acusada de un presunto ilícito penal", declaró Osmín en Facebook.
Varios videos prueban que Pérez Machín “iba al frente de una manifestación pacífica por la calle San Lázaro, Habana Vieja. Él no cometió ningún acto de violencia como tampoco causó daño o perjuicio alguno”, aseguró Inteligencia Ciudadana.
Desde inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
De acuerdo con Cubalex, organización de asesoramiento legal, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad —122 de ellos por cargos de sedición— y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
"Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
