Multan a periodista cubano Emilio Almaguer de la Cruz

Las autoridades de Guantánamo alegaron el Decreto-Ley 370, que regula el contenido publicado en Internet por ciudadanos cubanos, para imponerle una sanción de 3000 pesos.
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Autoridades cubanas impusieron una multa de 3000 pesos al periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz por exigir a funcionarios de Guantánamo que visiten hospitales y centros de aislamiento.

Un supuesto empleado de telecomunicaciones le impuso la sanción en virtud del Decreto-Ley 370, que regula el contenido publicado en Internet por ciudadanos cubanos, declaró el reportero a Radio Martí.

Almaguer de la Cruz, miembro del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, había solicitado más compromiso del gobierno local con los enfermos de coronavirus, según dijo, porque no reciben atención médica adecuada.

El funcionario de telecomunicaciones señaló al opositor lo que consideraba ofensivo en sus escritos, porque “dañaba la reputación de los funcionarios de Baracoa, el trabajo del Partido, de las instituciones de masas, del gobierno”, agregó Radio Martí.

Además, dijo que “son un llamamiento al odio, una incitación a las masas al desacreditar el trabajo que se está haciendo la Salud en el municipio”. Almaguer de la Cruz no pagará la multa por falta de recursos, una actitud que asumió el año pasado, al recibir una sanción similar.

Bajo el mismo Decreto-Ley, el periodista fue multado con la misma cantidad —unos 120 dólares— en julio de 2020 por criticar al gobierno de Guantánamo.

La normativa, emitida en junio de 2019, tiene como objetivos formales “elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional; contrarrestarlas agresiones cibernéticas; salvaguardar los principios de seguridad de las redes y servicios; así como defender los logros alcanzados por el Estado Socialista”.

Grupos opositores la calificaron de “argucia legal” para acallar voces críticas al régimen. Aseguran que el uso de términos vagos permitiría juzgar a cualquier ciudadano que atente contra los intereses del Estado y el Gobierno.

Un texto firmado en mayo de 2020 por medios independientes cubanos asegura que el Decreto viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), firmado por Cuba el 28 de febrero de 2008.