En la jornada de este jueves 21 de abril, a la opositora Dayanis Salazar Pérez le fue impuesta una multa de tres mil pesos al amparo del decreto ley -370.
Salazar Pérez fue citada horas antes a la oficina del jefe del sector donde la aguardaban tres miembros del Ministerio del Interior (MININT) y un inspector de telecomunicaciones, quienes le aplicaron la sanción por una publicación realizada en su perfil de Facebook, en la cual denunciaba el hostigamiento a integrantes del Partido Autónomo Pinero y otros activistas.
Según declaró la opositora, residente de Nueva Gerona, las imágenes de los folletos se filtraron. “Yo no tengo culpa de que esto haya sucedido, simplemente llegó a mis manos y lo hice público porque no tenemos nada que esconder” alegó.
La sanción administrativa le fue impuesta sin evidencias, pues “no presentaron ninguna acorde con lo que la ley establece”.
Salazar Pérez también denunció en su publicación a los agentes de la seguridad del estado por exponer fotos suyas y de su familia en su escuela, por impedirle ejercer como profesora de inglés debido a sus ideales políticos, los responsabilizó de su expulsión de la universidad de Ciencias Médicas al negarse a firmar un compromiso político, por excluirla de la sociedad y por negarle el derecho a la libertad de expresión.
En lo que va de año, han sido impuestas multas a nueve personas, cuatro mujeres y cinco hombres cuentapropistas, basadas en el Decreto-Ley 370.
Según el registro del proyecto Inventario, se han contabilizado “57 multas impuestas a 51 personas en 9 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud”, desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 370, también conocida como 'Ley azote', el 4 de julio de 2019.
Según se ha podido constatar, “la sanción más común es la multa correspondiente de $3.000 pesos (Artículo 70), aplicada a veces en combinación con la confiscación del teléfono de la persona (Artículo 71, a))”.
El 4 de julio de 2019, el número 45 de la Gaceta Oficial de Cuba publicó el Decreto Ley 370, que establece un amplio control por parte del gobierno sobre Internet.
Se declara que una de sus intenciones es consolidar las conquistas del socialismo y “el uso y desarrollo de las TICs como instrumento para la defensa de la Revolución”.
Específicamente, el inciso i del artículo 68 expresa que se considera una contravención asociada a las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
También el inciso f del artículo anterior sostiene que es una violación “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.
