La empresa cubana Fincimex S. A., que recibe en la isla las remesas enviadas desde Estados Unidos, anunció que cerrarían más de 400 establecimientos a causa de las sanciones aprobadas por Washington contra su compañía asociada, Western Union.
La entidad cubana, controlada por militares, es la única autorizada por el régimen para gestionar los envíos de dinero desde Estados Unidos y será afectada por las medidas punitivas de la administración Trump a partir del 27 de noviembre, dirigidas a eliminar las fuentes de financiamiento del régimen castrista.
Un comunicado de la empresa cubana aclaró que, para esa fecha, cerrarían los “407 puntos de pago distribuidos en todo el país” de Western Union y responsabilizó al “gobierno estadounidense (…) por la interrupción del servicio de remesas entre los dos países”.
“La mayoría de los emigrados cubanos en EE.UU. apoyan la existencia de vínculos estables con sus familias, y el gobierno de EE.UU. actúa deliberadamente para perjudicar esos lazos”, agregó Fincimex.
El borrador de la nueva sanción, con fecha de 22 de octubre, expresa que "nada autoriza una transacción relacionada con la colección,
reenvío o recepción de remesas que involucren a cualquier entidad o subentidad identificada en lista restringida".
Fincimex, subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), que tiene al mando el general de brigada, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, controla más de la mitad de remesas que llegan a la isla.
Desde el 5 de junio, el gobierno estadounidense sancionó a Fincimex y dijo que esta medida "ayudará a abordar los intentos del régimen de controlar el flujo de divisas que pertenece al pueblo cubano".
Fincimex fue constituida en Panamá como una sociedad privada cubana en 1984, es subsidiaria de CIMEX y está bajo la sombrilla del Grupo de Administración de Empresas (Gaesa), controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Desde 1999, Western Union cuenta con autorización del Departamento del Tesoro para operar en Cuba, donde cuenta con más de 420 sucursales radicadas en 168 municipios del país. Aunque la compañía no reporta datos sobre el valor de sus transacciones, es el mayor operador de los tres mil 500 millones de dólares que anualmente llegan en remesas a destinatarios radicados en la Isla.
