Yudinela Castro, madre del menor Rowland Castillo, encarcelado en Cuba tras las protestas de julio, se tatuó en su antebrazo, como protesta por la sanción de 23 años de cárcel con que pretenden castigar a su hijo.
El caso de Rowland Castillo trascendió a inicios de septiembre. El adolescente de 17 años es padre de un bebé de un año y el régimen cubano lo ha alejado de su familia por ejercer su derecho a manifestarse el pasado 11 de julio, cuando más de 60 localidades de Cuba se sumaron a las protestas antigubernamentales.
Yudinela Castro fue interrogada el pasado 23 de diciembre en la unidad policial del Capri, en La Habana. Allí miembros de la policía política cubana le comunicaron que podría ir a prisión si continuaba con sus denuncias. Con este último, Castro cuenta con cuatro interrogatorios desde la detención de Castillo.
Los agentes le advirtieron que sus demandas solo empeorarán la situación de su hijo, quien enfrenta una petición fiscal de 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. En octubre pasado Castro se sumó a un ayuno por la liberación de los presos políticos.
Catorce menores de edad detenidos en Cuba por manifestarse contra el gobierno el 11 y 12 de julio continúan sin libertad, varios de ellos están enfermos. Algunos no han recibido asistencia médica, mientras que otros fueron llevados al hospital esposados de pies y manos, sin que las autoridades avisaran a sus familiares.
Desde esa fecha, agrupaciones defensoras de los derechos humanos de la sociedad civil cubana como Cubalex y Justicia 11J han documentado la detención de 44 menores de 18 años, de los cuales 30 han sido excarcelados, aunque nueve están en espera de juicio con medidas cautelares de libertad bajo fianza o reclusión domiciliaria.
Aunque en Cuba la adultez comienza legalmente a los 18 años, el régimen de la isla ha fijado en los 16 años la edad de responsabilidad penal, por lo que han sido juzgadas personas que serían consideradas menores de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó preocupación por las detenciones de menores, e instó al régimen a proporcionar información verificada al respecto.
Laritza Diversent, directora de Cubalex, declaró en una entrevista con ADN Cuba que estos procesos son “de los más preocupantes que hemos visto tras las protestas del 11J, porque la sedición es un delito contra la Seguridad del Estado”.
