Zaida Arrate, de Santa Clara, perdió a su madre producto del COVID-19 y tiene a su hermana en terapia intensiva. En estos momentos Zaida padece de sicosis extrema con el lavado de las manos y el uso de nasobucos, la esterilización de las superficies y la desinfección de la casa.
“No hace otra cosa que desinfectar”, dice Ovidio, su esposo, que le parece comprensible su sicosis. “Ha perdido un ser querido y otro se debate entre la vida y la muerte. Creo que cuando la pandemia pase deberá asistir a una consulta psiquiátrica y recibir tratamiento. Zaida sueña con el virus. Lo ve en todas partes. Incluso duerme con el nasobuco”.
Otra persona dañada mentalmente por la pandemia es Melba Ríos, de Centro Habana, encerrada en su apartamento desde el pasado 23 de marzo. Su hijo Williams dice que ni siquiera se asoma al balcón. Vive al lado. Le hace las compras.
“Se las dejo en la puerta y no la recoge hasta que desinfecta todo con hipoclorito. Hablamos por teléfono. Me confesó que la vida al aire libre para ella terminó y ha comenzado una vida de ermitaña”.
Otro encerrado en su apartamento sin pronóstico de salir en mucho tiempo es Lupe, que ya estuvo aislado por ocho años cuando comenzó a padecer de esquizofrenia en los 90. Lupe dejó boquiabierta a la ciencia y al pueblo de Jaimanitas, cuando en vez de ingresar en el hospital psiquiátrico de Mazorra, se encerró en su cuarto y construyó su Rincón marino.
“Recogí en la orilla del mar un buen arsenal de caracoles, conchas de almejas, estrellas de mar, peces y cangrejillos, y comencé a disecarlos y barnizarlos y los monté en cuadros y construí mi obra cumbre, el Rincón marino. Mi hermana y mi madre me alimentaban y sobreviví a la locura. Cuando salí de mi cuarto habían transcurrido ocho años y era un hombre nuevo. Ahora voy a aislarme otra vez por el coronavirus, por ocho años más, pero no tengo a mi madre viva, para alimentarme, y mi hermana se volvió loca también y esta desahuciada. Tampoco tengo materiales de trabajo, solo una guitarra que me regalaron. Tendré que aprender a tocarla, y a cantar. En ocho años tal vez lo consiga y salga hecho un artista”.
Las medidas represivas también hacen mella en la salud ciudadana. Así lo explica Lino Tomasen, especialista de primer grado en medicina alternativa, residente en Infanta y Carlos III, Centro Habana.
“Fue necesario que el gobierno dictara leyes de excepción, para contrarrestar los incumplimientos de las disposiciones sanitarias por parte de la comunidad. Se tipificaron delitos en relación con la pandemia, como propagación de epidemia, especulación, acaparamiento, actividades económicas ilícitas, y los tribunales ponen mano dura a los infractores. Aplican la pena máxima prescrita en los artículos. Imponen multas, un tanto excesivas para estos tiempos difíciles”.
“Una persona con una multa de tres mil pesos, ¿cómo va a pagarla, cuando su salario no es siquiera eso? Y la carestía de la vida le exige muchas horas diarias de colas para buscar alimentos. Son muchos eventos incidiendo sobre un individuo. Su sistema inmune está frito. Puede coger el virus de lejos”.
“La prisión es un evento nefasto aún mayor”, concluye el doctor Lino. “Casi siempre el condenado es cabeza de familia y deja cercenada a una prole y a una esposa que tiene que salir a la calle a buscar el sustento y luchar con el virus. Son delitos en formas de espiral, donde uno genera al otro, porque al individuo que hace un simple gesto de desidia, de aturdimiento social, tal vez pierda los estribos y da una mala contesta al policía que lo quiere multar y hasta se niegue a entregarle el carnet, y en el peor de los casos pasa a la agresión física, lo esperan otros artículos del Código Penal prescritos: desobediencia, resistencia, desacato y atentado, que enrarecen el cuadro sanitario y social del individuo, que al final va a la cárcel y pierde la batalla contra el COVID-19”.
También escudados por la pandemia, el gobierno con sus legislativos en contubernio ha instaurado nuevos decretos contra la libertad de expresión y de información. Una foto, un video, un comentario contra el accionar del régimen se considera un crimen, tipificado en un delito, donde son sancionados periodistas, activistas y blogueros que tratan de compartir las historias en desarrollo de estos tiempos inciertos.
