*Por Ricardo Fernández
Desde que estalló la pandemia, Beatriz, una enfermera de 46 años que trabaja en un hospital de esta ciudad, ha tenido serios problemas para abastecerse de viandas y hortalizas. La mujer trabaja largas jornadas diarias, seis días a la semana. Es madre soltera y atiende a su padre, un anciano que necesita de cuidados constantes.
Como siempre careció de tiempo para hacer las largas y habituales colas en Cuba o para desplazarse a los mercados agropecuarios estatales a conseguir frutas, verduras y hortalizas, Beatriz compraba los suministros a un carretillero: un cuentapropista o vendedor particular que vendía en su carreta los suministros en su barrio. En Camagüey existen más de 300 carretilleros que abastecen a unos 100 hogares cada uno, lo que representa más del 20 por ciento de la población de la ciudad, según cálculos propios basados en información oficial.
Pero desde que comenzó a extenderse por Cuba el nuevo coronavirus, el carretillero desapareció y con él la posibilidad de que Beatriz pueda comprar alimentos frescos y a domicilio.
“Conseguir viandas y hortalizas se ha vuelto imposible para mí”, dice Beatriz, que pidió no ser identificada con su nombre real por temor a represalias.
A raíz de la pandemia, el gobierno de la provincia introdujo medidas para controlar más la distribución de alimentos y, en teoría, evitar precios abusivos y acaparamiento de comida. Pero, en realidad, las medidas del gobierno, tomando ventaja de la pandemia, parecen diseñadas para atacar a los cuentapropistas y al sector privado, un hecho que ha empeorado la distribución no solo de alimentos, sino de productos básicos importados y ha afectado las cadenas de distribución formales e informales.
Durante la pandemia los trabajadores privados han denunciado, a lo largo y ancho del país, que el gobierno ha endurecido los controles a un sector que, aunque minoritario, es clave para la economía. Vendedores de productos importados aseguraron haber sido sancionados por su actividad, la cual normalmente había sido tolerada. Por su parte, comerciantes de productos agrícolas, que antes podían ejercer sin muchos obstáculos, sufrieron la incautación de mercancías por vender a sobreprecio o por no poder demostrar que habían adquirido sus productos legalmente.
En La Habana, las autoridades provinciales anunciaron a mediados de julio que en el transcurso del año se cancelaron las licencias de 281 cuentapropistas, en su mayor parte, del sector de la venta de alimentos. Esta cifra es considerable teniendo en cuenta que en todo 2019 se emitieron 56 licencias a cuentapropistas en la provincia.
En Holguín, los carretilleros fueron una de las primeras víctimas de los nuevos controles gubernamentales. Ahora enfrentan más restricciones de las habituales y, ante el temor de ser multados o que se les decomisen sus productos, optaron por dejar de vender.
Sin ellos, muchos vecinos como Beatriz solo tienen la opción de desplazarse al mercado agropecuario de Hatibonico, de propiedad estatal, el único en la ciudad en el que se venden viandas.
La medida, que expone a los ciudadanos a contagiarse con la COVID-19, agudizó las largas filas para adquirir los alimentos que el Gobierno puso a la venta, sin previo aviso, en lugares predeterminados. En contraste, alrededor del mundo se está facilitando la venta a domicilio o por Internet para evitar aglomeraciones de personas y el aumento de contagios.
Cuentapropistas golpeados
La actividad de los carretilleros y otros cuentapropistas siempre implicó moverse en una zona gris. Su actividad como tal es legal, pero debido a las deficiencias del sistema económico cubano, con frecuencia se han visto incentivados a realizar actividades que no son legales, aunque sí toleradas.
Pero un día, con el arribo del nuevo coronavirus, la permisividad terminó y su trabajo se volvió mucho más complicado.
Los carretilleros tienen permiso para acudir a los mercados estatales, comprar allí mismo los alimentos al mismo precio que cualquier otro consumidor y después revenderlos por los barrios con un margen de ganancia máximo del 30 por ciento.
Sin embargo, es común que los carretilleros vendan algunos productos como los cubitos de caldo o sazones que no está claro si pueden distribuirse legalmente por esa vía. Y también que muchos hagan algo que sí está prohibido: acudir directamente a comprar sus productos a los campesinos, en vez de ir a los mercados estatales.
El recurrir a los campesinos de manera directa para lograr comprar más barato, a precio mayorista, les permite reducir el precio de venta a sus clientes. En la práctica, implicaba la legalización de un mercado mayorista, algo que cuentapropistas y agricultores han reclamado con frecuencia, y que fue tolerado hasta la llegada de la pandemia.
Hace poco amenazaron con castigos a quienes infringieran las normas.
“Todo el transporte que llegue a Camagüey con productos agropecuarios no puede ser vendido en los barrios, tienen que ir hacia el mercado (Hatibonico), según lo establecido, y allí se procede a la recepción por las cooperativas que tiene los representantes y se vende a los precios convenidos”, dijo Antonio Delgado, responsable de la Dirección Integral de Supervisión.
Así, la compra directa a los productores quedó proscrita.
“A pesar de tener todos los documentos en regla no podemos comprar directamente a los productores”, dijo Maikel López, quien lleva ocho años como carretillero. “Por lo que nuestras ofertas no están al alcance de todos los bolsillos, pero aun así los vecinos nos compran”.
A su vez, las autoridades restringieron los días y las horas en las que pueden comprar en el mercado agropecuario estatal. El acceso quedó limitado a dos días a la semana y solo de 6:00 a 8:00 de la mañana. Además, se introdujeron nuevos límites a las cantidades de productos que pueden adquirir.
El Consejo de Defensa Provincial dijo que las medidas buscaban atender “la necesidad del ordenamiento para que la población tenga más acceso a las viandas y otros frutos menores”. Pero con ello lograron dificultar la labor de distribución de los alimentos hecha por los carretilleros.
Vida de carretillero
“Las medidas del Consejo de Defensa Provincial nos han puesto trabas que hacen imposible nuestro trabajo”, dijo López, que es de los pocos que aún mantiene su negocio abierto. “La compra de productos solamente la podemos realizar en el Mercado Estatal Hatibonico porque ahí nos entregan un documento legal que nos avala, para poder trasladarlos sin que los decomisen y nos acusen de acaparamiento. Pero además nos obligan a comprar solo los martes y viernes, durante dos horas”.
El mercado se encuentra en una pequeña explanada cerca del río que le da nombre y en su interior acumula estrechas naves de fibrocemento subdivididas que sirven de tarimas a los muchos puestos de venta, pensados, en sus inicios, para el comercio minorista.
Eso hace que se vean obligados a adquirir sus mercancías en los improvisados almacenes o directamente en los camiones que traen los productos al mercado, lo que provoca aglomeraciones y colas.
“Además, nos limitan la cantidad que podemos comprar de cada producto”, dijo López, quien se esfuerza en mantener el surtido para los clientes asiduos de su barrio. “Por solo poner un ejemplo, yo como cuentapropista llegué el martes, hice mi cola y cuando fui a comprar el tomate, me vendieron nada más 25 libras porque es lo que está establecido. Eso en mi punto de venta duró un par de horas, desde entonces no tengo tomate y no me toca volverlo a comprar hasta el viernes”.
En días pasados, el emprendedor fue sometido a un registro policial donde le decomisaron incluso los alimentos de consumo familiar y lo multaron con 2000 pesos (80 dólares) por vender el arroz de un amigo que lo cosecha sin estar afiliado a una cooperativa estatal.
“Si pudiéramos gestionar legalmente los productos directo con los campesinos, nuestros precios bajarían y los alimentos llegarían a la población de forma estable porque el sector privado ha demostrado ser más eficiente que la gestión estatal”, dice López mientras pesa un trozo de calabaza para uno de sus clientes. “Pero no se nos permite y se nos reprime si lo intentamos. Eso hace que a muchos productores se les pudran los alimentos en el campo mientras las ciudades están desabastecidas”.
El eslabón
Sin los carretilleros, los agricultores no tienen más remedio que esperar a que el gobierno compre y pague sus cosechas, algo que con frecuencia se vuelve un trámite lento y difícil.
Esto es un problema para muchas personas que no pueden o temen contagiarse de coronavirus en las colas. Aunque la ciudad cuenta con una amplia red de mercados y placitas estatales administradas por la Organización Superior de Dirección Empresarial de Acopio, el desabastecimiento crónico que los pequeños mercados arrastran por años hace que la población pueda dirigirse solamente a Hatibonico, que es surtido por las cooperativas agropecuarias.
“Yo no puedo trasladarme hasta el mercado estatal, porque a raíz de una trombosis venosa quedé discapacitado, por eso siempre trato de comprar las ensaladas y viandas cuando pasan los carretilleros”, dijo Amable Casas, ingeniero eléctrico de 63 años que vive con su esposa y que, por ser población de alto riesgo, se mantiene aislado desde el comienzo de la cuarentena.
“El mercado de Hatibonico está a unos cuatro kilómetros de mi casa; para llegar allá tendría que alquilar un bicitaxi, que como mínimo me cuesta 100 pesos (4 dólares). Eso hace que todo lo que pueda comprar a precio estatal se me quintuplique, por eso nunca me han parecido altos los productos de los carretilleros”, dice Casas.
El desabastecimiento empuja a los camagüeyanos a la calle en la búsqueda diaria de algo que poner en sus mesas. En toda la ciudad se repiten las escenas de personas que hacen filas a lo largo de cientos de metros, muchas veces controladas por las llamadas “tropas especiales” pertenecientes al Ministerio del Interior, que intentan mantener una distancia segura entre quienes esperan.
“Los productos normados de la canasta básica apenas alcanzan para la primera semana del mes”, dijo sin levantar la vista de su vieja máquina de coser “Union Special” Álvaro Núñez, de 65 años, que padece serios problemas cardiovasculares por lo que le fue amputada una pierna el pasado año. “El Estado nos asigna, por ejemplo, siete libras de arroz mensual por consumidor, y nosotros completábamos con el que podíamos comprar en las carretillas. Pero eso fue antes de que prohibieran su venta con la justificación del coronavirus”.
El sustento de Nuñez se deriva de forros para sillines de bicicleta que él mismo hace. Ahora se mantiene en aislamiento para evitar el contagio de COVID-19, que le podría costar la vida por la comorbilidad que padece.
“Cuando comenzó el aislamiento, complementábamos la dieta con las viandas que le comprábamos a los carretilleros, pero con esta ofensiva estatal contra ellos, ya no pasan por aquí y ahora es que más los necesitamos”, dijo. “No es la primera vez que el Gobierno le hace la guerra al sector privado justificándose en el bienestar del pueblo, pero al final siempre es el pueblo el que sufre las consecuencias de estas arbitrariedades. Nos hemos convertido en un daño colateral de esta cruzada contra los carretilleros”.
