"La libertad de expresión está aún más restringida en Cuba, con un nuevo decreto que apunta a ‘noticias falsas’ y ‘mensajes ofensivos’ en Internet", declaró este 18 de agosto el senador canadiense Leo Housakos, sobre la aprobación en Cuba del Decreto-Ley 35.
A juicio del representante por Québec y miembro del Partido Conservador, la medida es "otro ejemplo más de la fragilidad de nuestras libertades y el cuidado que requieren" para mantenerlas vivas.
Con estas declaraciones, Housal se une a cientos de voces en la esfera pública que han respondido en tono similar a la aprobación de esta medida que, a juicio de abogados, periodistas y activistas opositores, va en contra de la Constitución de 2019.
Este miércoles, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar aseguró al respecto: “la dictadura cubana está desesperada. Por eso pretenden censurar a los cubanos que denuncian los atropellos en la isla”.
“Pero el pueblo de Cuba está decidido a ser libre y desde el exilio tenemos que apoyar a ese pueblo valiente”, agregó en Twitter la representante por el distrito 27 de Florida.
El Decreto, publicado en la Gaceta Oficial de Cuba tipifica los incidentes de ciberseguridad y sus niveles de peligrosidad y califica como "difusión dañina" a los contenidos que "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público".
Según Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, la legislación "busca coartar aun más la libertad de expresión y acceso a [la] información".
"La ley formaliza la represión digital, castigando el uso de redes sociales, bajo vagas categorías de incidentes de ciberseguridad", agregó la abogada y activista por los derechos humanos.
"El decreto 35, aprobado por la dictadura, no es más que la continuidad de una serie de leyes y regulaciones estatales a la libertad de expresión, partiendo de la propia constitución redactada por ellos. Pronto respirar estará prohibido", escribió en Twitter el promotor de Cuba Decide, Víctor Dueñas.
“Ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que han sido internacionalmente denunciados”, afirmó Yaxys Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El Decreto-Ley No.35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”, y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”, fueron aprobadas la víspera y divulgadas en La Gaceta Oficial.
Según publicó el medio oficialista Cubadebate, la resolución ejecutará lo establecido en el Decreto 360/2019 —la ley que controla el ciberespacio nacional— que tiene "carácter preventivo y alcance a toda la sociedad".
De acuerdo con Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicación (Mincom), "por primera vez el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico".
La nota oficial explica que a partir de ahora serán tipificados como delitos hechos como "el eco mediático de noticias falsas, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país".
También incluyen el llamado 'ciberterrorismo', como un concepto por el cual procesar a quienes disientan del régimen comunista de La Habana.
