Amparados en los Decretos 30 y 31 del Consejo de Ministros, este 5 de febrero las autoridades impusieron en La Habana, 657 multas por violaciones de medidas sanitarias previstas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.
El día de ayer fue el primero de esta nueva etapa en la capital, la cual inició marcada por la aplicación con todo rigor las normativas mencionas.
En comparecencia en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, Orestes Llanes Mestres, coordinador de programas del Gobierno de La Habana, explicó que el Decreto 31 viene a sustituir al 14, que era solo para la provincia y hacía referencia a las cuantías a imponer por infringir las medidas higiénico-sanitarias, ascendentes a dos mil y tres mil pesos.
Informó además, que también se realizaron 109 acciones relacionadas con las violaciones de precio.
Recordemos que el Decreto 31 fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de enero, y a diferencia del 14, es de alcance nacional y reconoce 15 tipicidades, tres más que el anterior, y asimismo modifica un conjunto de acápites, entre ellos la aparición de la figura del viajero y anfitrión del viajero, y eleva las cuantías de las multas.
De igual manera, contempla nuevas medidas para padres que desatiendan el cuidado de niños en espacios públicos, y para personas responsables de impedidos físicos.
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Hay que señalar que nueve de los 15 acápites aprueban multas de tres mil pesos, cuando en el caso del Decreto precedente solo eran tres, lo cual demuestra un incremento en la represión hacia el pueblo cubano, y no tanto en el control, pues por estos días abundan en las redes sociales imágenes de turistas violando las medidas epidemiológicas con total impunidad, incluso en presencia de agentes del orden.
Al referirse al Decreto 30, Orestes Llanes explicó que abarca lo relacionado con "el cumplimiento de la política de precios y sustituye al 227", vigente desde 1997, y que ya "estaba envejecido pues no se correspondía la gravedad de la infracción con la cuantía de la contravención".
El funcionario agregó que este nuevo Decreto "es muy abarcador y sanciona a aquellos que deben hacer anotaciones oficiales, facturas o vales de traslado y no ponen todos los datos", con cuantías que van de dos mil 500 a cinco mil pesos, y a quienes tienen que poner información en tablillas informativas para el conocimiento del cliente, con cinco mil y hasta siete mil pesos, y de igual manera para quienes retienen mercancías o violan los precios.
En un acto de hipocresía propio de los dirigentes del régimen, Llanes Mestres dijo que "no es satisfacción para el Gobierno ni el Partido imponer muchas multas, sino todo lo contrario, pues el propósito es que las personas tomen conciencia de la necesidad de cumplir con lo establecido".
