Esta semana se presentó ante la Corte Constitucional de Guatemala un recurso de amparo, para impedir que a finales del 2020 el gobierno del país centroamericano renueve el contrato con el régimen cubano, a través del cual se explotan a los médicos de la isla.
Según un reporte de el Nuevo Herald, en el documento llevado a los tribunales se pide además, que se les ofrezca asilo a los doctores que decidan quedarse en Guatemala, pero bajo contrato directo con el Ministerio de Salud Pública.
De acuerdo a la información publicada por el mencionado diario, el guatemalteco César Fernando Molina Palma, representado por el letrado José Raúl Robles, fue quien interpuso el recurso.
Molina Palma, llega hasta la Corte, ante la posibilidad inminente de que el gobierno de Alejandro Giammattei, pudiera volver a pactar con el régimen de La Habana un convenio que “le cuesta al Estado guatemalteco al menos $4.6 millones al año”. “Los costos reales del convenio no han podido ser dilucidados por la negativa del gobierno guatemalteco —a petición de Cuba— de hacer público el acuerdo de financiación de la estadía de los médicos”, indicaron fuentes del Congreso a el Nuevo Herald.
En el documento presentado se exige también que el gobierno guatemalteco haga públicos los convenios con Cuba, para que puedan ser esclarecidos los términos económicos relacionados con los médicos cubanos.
El recurso de amparo presentado al Tribunal, se basa en el supuesto de que si el gobierno guatemalteco, firma nuevamente con Cuba un convenio para extender el contrato de médicos de la Mayor de las Antillas, estaría ratificando violaciones relacionadas con la “trata de personas”.
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El gobierno del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, deja en sus arcas entre el 75 y el 90 por ciento de los salarios de los médicos cubanos que cumplen misiones en diferentes países. Activistas, organizaciones internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos, han denunciado el sistema de “misiones médicas”, como violatorio de los derechos humanos de los cubanos que participan en ellas, algo reconocido por relatoras de la ONU como “trabajo forzoso”.
Más de 438 cubanos laboran en Guatemala, a partir del contrato multimillonario firmado en 1998 y renovado en diversas ocasiones. El recurso de amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano, sostiene que renovar el contrato con Cuba, provocaría un “grave daño” a la economía del país. Los médicos cubanos reciben, exento de impuestos, un salario superior al de los especialistas guatemaltecos.
Guatemala, con una de las economías más deprimidas del continente, “le paga a Cuba 7,000 quetzales, unos $900 al mes, por cada médico y cerca de tres millones de quetzales al mes por toda la 'misión', unos $389,000”, de acuerdo al convenio revisado por el Nuevo Herald y a estadísticas expuestas por el Ministerio de Salud.
“Las brigadas de médicos cubanos son una fachada, es una clara explotación a los profesionales, la mayor parte del salario que Guatemala paga va directo al régimen castrista principal violador de DDHH”, refirió en Twitter el diputado guatemalteco Felipe Alejos.
Según fuentes oficiales, desde el inicio de la emergencia sanitaria global, la dictadura de la isla caribeña ha enviado tres mil 772 trabajadores a casi 40 países.
