Fotógrafo independiente recibe citación policial

El régimen cubano notificó a Claudio Fuentes que debe presentarse mañana en la estación policial de Zapata y C, en La Habana, para una "entrevista".
Claudio-Fuentes.jpg
 

Reproduce este artículo

El régimen cubano notificó este 6 de diciembre al activista y fotógrafo cubano Claudio Fuentes que debe presentarse mañana en la estación policial de Zapata y C, La Habana, para una “entrevista”.

“La represión, la vigilancia y el control sobre la oposición y la sociedad civil en Cuba jamás descansan, continúan diezmándonos, mientras gobiernos e instituciones democráticos permanecen en declaraciones y condenas diplomáticas que en nada frenan al régimen totalitario”, declaró Fuentes en redes sociales.

Tras las protestas del 11 de julio, que levantaron contra el gobierno a decenas de localidades del país, La Habana intensificó la persecución contra opositores. Una marcha frustrada el 15 de noviembre provocó nuevos arrestos y campas de descrédito en la prensa oficialista.

Hasta el 23 de noviembre, el Centro de Información Legal Cubalex y el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, registraron un total de 1281 arrestos por las masivas protestas. Fueron excarceladas 551 personas, mientras que continúan detenidas 662, entre ellas más de 20 jóvenes cubanos de 18 años o menos.

Desde inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.

"Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

Los juicios por la presunta “sedición” todavía no comienzan. El régimen ha ido encerrando manifestantes acusados de “atentado”, “desorden público”, “instigación a delinquir” y otros delitos comunes que imputa para evitar reconocer a cientos de presos políticos.