Familiares de presos políticos, detenidos tras las protestas de julio, pidieron al régimen cubano respetar el derecho a la libre manifestación y liberar a los prisioneros, en una declaración publicada este 13 de diciembre.
En el texto recuerdan que los manifestantes fueron agredidos físicamente el 11 de julio y, tras los arrestos, el régimen cubano violó las garantías legales y sufrido escarnio público por simpatizantes del Gobierno.
Entre las irregularidades legales mencionan la imposición de la pena de prisión preventiva de manera oficiosa, maltratos físicos y psicológicos durante los arrestos y violación de la confidencialidad en las entrevistas entre abogado y prisionero.
Los familiares piden al Gobierno respetar los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos de 1966 y el respeto hacia las iniciativas legislativas orientadas a promulgar las leyes sobre el Derecho de Manifestación y de Amnistía, entre otros aspectos.
Hasta la fecha, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil independiente en Cuba han documentado 1283 personas detenidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio. De ellas, al menos 540 continúan en prisión y otras 42 han sido condenadas en procedimientos sumarios.
Un reporte reciente del grupo de activistas Justicia 11J, que recopila denuncias de detenidos y desaparecidos tras las protestas de julio, aclara que la Fiscalía Provincial de La Habana “ha comenzado a utilizar el delito de sedición con una connotación política para enjuiciar a jóvenes de La Güinera que salieron a manifestarse”.
Por el momento, las condenas para los ciudadanos rebasan los 20 años de privación de libertad en la mayoría de los casos, lo que evidencia el uso de la sedición “como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política”.
Entre los ejemplos de estas peticiones ejemplarizantes está el caso de Emiyoslán Román, a quien “esperaron que cumpliera 18 años de edad en prisión para proponer condena de 15 años”, y de Elieser Gordín Rojas, para el que solicitan 27 años en prisión.
La organización jurídica independiente Cubalex ha manifestado preocupación por el uso de la figura de sedición, de una elevada connotación política indemostrable en la mayoría de los casos a raíz de las protestas populares, “para imponer sanciones ejemplarizantes al menos a 122 personas”.
