Familiares de un menor de ocho años de edad, víctima de abusos lascivos y ultraje sexual, denunciaron que las autoridades policiales del municipio Madruga, provincia Mayabeque, han ofrecido al agresor un tratamiento diferenciado y hasta comodidades que rayan con la impunidad.
El menor fue agredido por Ernesto Roque Cruz ―de 82 años de edad y esposo de su abuela materna―, mientras se encontraba bajo su custodia el pasado 1 de abril, cuando la madre del niño había acudido a una consulta médica mensual.
"Recogí a mi hijo sobre las 5:00 de la tarde de ese día. Se puso contentísimo cuando me vio, y me dijo que me había extrañado mucho", relató Hanay Farías, madre del menor, quien se encuentra devastada con el suceso, pues nunca se imaginó que el mismo hombre que la crío a ella y a sus hermanas fuese capaz de cometer semejante atrocidad contra el nieto de su esposa.
"No quiso comer ese día porque me dijo que estaba asqueado. Al día siguiente ni siquiera quiso tomar leche y se despertó sobre las 2:00 de la tarde. Pensé que estaba empachado. Pero entonces me contó que su abuelo se estaba comportando de manera extraña, y me dio detalles de lo sucedido", relató Farías, quien avisó al resto de sus familiares.
De inmediato, interpusieron la denuncia en la sede de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Madruga, donde el agresor estuvo dos días retenido hasta que dispusieron "dejarlo en libertad bajo fianza supuestamente hasta el día del juicio".
"Así que el pedófilo está feliz y contento por La Habana, y eso es una señal de que los viejos pueden hacer de todo, que van a esperar juicio en sus casas. Pero para tocar indebidamente a los niños no son viejos", fustigó Farías, que además reveló que el horror no terminó con su hijo.
Una de sus sobrinas, de 19 años de edad, al conocer lo sucedido a su primo, decidió hablar después de 14 años y hacer otra denuncia junto a su tía: Roque Cruz la había violado, en reiteradas ocasiones, desde que ella tenía cinco años de edad.
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"¿Cómo a un viejo que lleva décadas violando lo van a soltar bajo fianza? ¿Porque no tiene salud para esperar el juicio preso? ¿Será que después del juicio tendrá salud para ir a prisión?".
Los familiares del menor, vecinos del poblado de Aguacate, no saben siquiera bajo cuáles delitos fue registrada la denuncia: pederastia, abusos lascivos o ultraje sexual, todos contenidos en el capítulo sobre "Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud" del Código Penal.
"No nos dieron copia de la denuncia, ni siquiera el número de registro, como tampoco nos han dado los resultados de las pesquisas que Medicina Legal le practicó a mi hijo".
Tales hechos manifiestan la inoperancia de la PNR en la Isla, hasta el punto de violar la propia letra del Código Penal. Los oficiales de la Policía apenas conocen las distinciones entre un delito u otro.
Una jueza consultada confirmó que, en Cuba, "resulta difícil encontrar a agresores sexuales procesados por pederastia, aun cuando concurren las circunstancias para ello. Tal postura de Gobierno ―y de Justicia― fataliza el devenir de las víctimas menores de edad".
"No entiendo que, si ya la propia Ley contempla atenuantes para los mayores de 60 años de edad, la Policía le otorgue a este señor más comodidades de las que merece", señaló Farías.
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El Apartado segundo del Artículo 17 del Código Penal establece que, el límite mínimo de las sanciones de privación de libertad puede rebajarse hasta en un tercio, en el caso de personas que tengan más de 60 años en el momento en que se les juzga.
"El hecho de tener 82 años de edad no lo exime [al presunto pederasta] de las sanciones" dispuestas y contentivas en el Código Penal. Este documento precisa que la responsabilidad penal se extingue con la muerte del reo, pero la responsabilidad civil se extingue únicamente cuando el sancionado muere en estado de insolvencia.
La prensa estatal en la Isla no publica casi en absoluto delitos contra niños y adolescentes, especialmente los de naturaleza sexual. Los escasos eventos que han trascendido a los se deben a la presión de la sociedad civil ―como el caso de la niña santiaguera de ocho años de edad― y al papel de la prensa independiente.
Al cierre de esta nota, los familiares del menor no habían recibido los resultados de la pesquisa de Medicina Legal.
