Yoel Acosta Gámez y Alisannis Lores Furones son dos cubanos críticos del régimen y pacientes del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que viven en la comunidad Bermejal, del municipio Baracoa. Temen por su salud y la de su hijo Yoedris Acosta Lores, de apenas 6 años de edad, quien debería ser operado con urgencia de una enfermedad llamada hidrocele.
Pero la Seguridad del Estado en Baracoa los ha amenazado diciéndoles que mientras ellos mantengan su posición contra el gobierno castrista, ni su hijo ni ellos van a ser atendidos por el sistema de salud cubano.
En una entrevista con ADN Cuba, filmada antes de la detención de Yoel Acosta hace una semana, el activista y defensor de los derechos humanos –integrante de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu)– denunció las “condiciones infrahumanas por las que está atravesando mi hijo”.
Según Alisannis Lores, “el niño nació con sus partecitas [testículos] muy inflamadas, se lo llevé al pediatra y me dijo que eso era normal, que no me preocupara por eso. Con el tiempo se le inflamó más y el niño lloraba, me di cuenta que por los dolores”.
Esta madre cubana siguió intentando que atendieran al pequeño, pero el pediatra le decía lo mismo cada vez, hasta que Yoedris creció y se desarrolló su afección. Finalmente le dijeron que tenía una hidrocele asociada con una hernia.
El padre añade: “mi hijo debía haber sido operado, desde los dos años, porque esta enfermedad que tiene puede hasta causarle la muerte, según me explicó en una ocasión un médico especialista al que lo llevé en Santiago de Cuba”.
Yoel Acosta declaró que le hicieron los análisis preoperatorios en una ocasión, pero cuando debían hacer el procedimiento no hubo médico disponible: “Nos dijeron que estaban cumpliendo misiones y no había nadie más para atenderlo”.
Al día de hoy, según la madre, no le han dado solución, como no sea atenderlo en La Habana, en el occidente de la isla y a casi mil kilómetros de la oriental Baracoa, pero ellos no pueden llegar hasta allá.
“Los hago responsable de lo que pueda pasarle a mi niño, porque una vez cuando detuvieron a mi esposo, un agente de la Seguridad me amenazó, diciendo que, porque a ellos no les daba la gana, a mi niño no lo iban a operar, ni nosotros seríamos atendidos tampoco”, expresó Alisannis Lores.
Estas acusaciones también las sostiene Yoel Acosta: “me dejó bien claro que por la postura política que mantenemos contra la dictadura, nuestro hijo no iba a ser operado, ni iba a recibir atención, ni nosotros con nuestro problema siendo personas seropositivas al VIH”.
“Quiero hacer responsable al gobierno de Baracoa, al Ministerio del Interior y a todas las organizaciones que tengan que ver con el Ministerio de Salud Pública, de lo que puede suceder con mi hijo”.
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Según el activista opositor, tampoco tienen acceso a un tratamiento médico tan básico como el que necesita su hijo para otra afección: un herpes simple en sus partes íntimas, que lo aqueja “desde hace 4 o 5 meses, y no hay ningún tipo de antibiótico en las farmacias para curar eso”, lamenta el padre.
Los pacientes de VIH también pasan “necesidades con los medicamentos que debemos tomar, porque muchas veces no están en las redes de farmacia y tenemos que tratar de buscarlos clandestinos, como podamos”.
“Hago responsable al gobierno de Cuba, no vamos a cambiar nuestra postura, vamos a seguir defendiendo los derechos humanos al precio que sea necesario”, defendió en entrevista con ADN Cuba, Yoel Acosta.
Preso desde hace una semana
El 11 de mayo, fuerzas represivas detuvieron al activista de la Unpacu, Yoel Acosta Gámez, tras visitar a una familia pobre en el municipio Baracoa, Guantánamo.
Acosta Gámez entrevistó a esa familia, que no recibe ninguna ayuda del gobierno local. En una detención previa, a el activista Acosta Gámez lo amenazaron con ser desaparecido por la Seguridad del Estado en Baracoa. El coordinador general de UNPACU, José Daniel Ferrer, también denunció el arresto arbitrario del joven.
En noviembre de 2020, el también reportero de Palenque Visión fue multado con 3000 pesos cubanos (120 dólares), bajo el Decreto 370, y amenazado con ser acusado por los supuestos delitos de “usurpación de funciones” y “peligrosidad social predelictiva”.
