El doctor Manuel Guerra denunció este 20 de octubre que fue expulsado de su centro de trabajo, el Hospital Municipal Nicodemus Regalado, en Holguín, por sus ideas políticas.
Las autoridades municipales de salud también le sugirieron que se marchara del país. Agregaron que, de continuar en Cuba, sería recolocado en otro puesto laboral, de acuerdo al criterio del Estado.
Guerra se desempeñaba como especialista en ginecología y obstetricia en el centro médico, con excelentes resultados, según dijo, abalados por las evaluaciones de sus superiores allí.
Desde 2020 la Seguridad del Estado acosa a Guerra por su postura crítica con el régimen de La Habana: constantemente lo citan para interrogarlo y amenazarlo con prisión.
A finales de agosto Guerra denunció que el jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la provincia Holguín, conocido como Néstor, amenazó con 'separarlo' de su trabajo.
El 9 de octubre fue detenido, aunque lo liberaron un día después. Guerra se sumó al grupo Archipiélago, creado tras las protestas del 11 de julio, para promover la manifestación pacífica convocada para el 15 de noviembre.
Durante el video que compartió este miércoles para denunciar su expulsión, también se refirió al despido del profesor universitario David Martínez Espinosa la víspera, quien se desempeñaba como docente en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos.
Martínez enseñaba Matemáticas y Química y había participado en las protestas del 11 de julio. También convocó a marchar desde su perfil de Facebook el próximo 15 de noviembre.
Según el joven, la sanción busca disuadirlo de continuar protestando y manifestándose contra el régimen cubano a través de un castigo por sus expresiones anteriores de descontento.
El régimen cubano ha utilizado detenciones, amenazas y expulsiones de centros de trabajo para intimidar a figuras de alguna relevancia en el espacio público que incitan a la desobediencia civil y buscan un cambio político.
La víspera, el joven Roberto Pérez Fonseca, de San José de las Lajas, Mayabeque, fue condenado a 10 años de cárcel por romper una foto del dictador Fidel Castro durante las manifestaciones de julio.
La suya es la sanción más alta aprobada hasta el momento contra un ciudadano que participó en la protesta, un derecho garantizado por la Constitución cubana.
