Las nuevas medidas decretadas por el régimen para intentar frenar el repunte del coronavirus, configurando prácticamente un estado de sitio en La Habana, han recibido muchas críticas, pero sobre todo aquella que prohíbe a las personas comprar alimentos y aseo vendidos en CUC en tiendas estatales fuera del municipio legal de residencia de cada cual.
La situación peor la llevan aquellos cubanos que viven en la capital sin tener actualizados sus documentos oficiales. ¿Qué comerá esa gran población “flotante” de La Habana?
Esta pregunta se hace, como tantos, la actriz y activista Kiriam Gutiérrez en un post en su Facebook. Comienza su comentario señalando una evidencia más del apartheid económico implantado por el régimen: “los que tienen dólares si pueden salir de su municipio y comprar en las tiendas MLC, (…) hay que recaudar divisas”.
“Se les olvidó dictar una medida que favorezca a las miles de personas que no tienen dirección ni transitoria en el lugar donde residen y por supuesto no podrán comprar en las tiendas del municipio donde actualmente residen”, criticó Gutiérrez.
Ironizó con que “dentro de todas las medidas tan combativas que nos informaron hoy, se les olvidó dictar una que acabe con las colas de 300 y 400 personas que producen aglomeraciones sin control alguno”, pero la causa de eso es el régimen mismo.
La activista cuestionó, además, “cómo se pueden pagar multas que sobrepasan el salario medio anual de un trabajador, en estos momentos más del 50 % está recibiendo solo el 60 % de su salario”.
Otro hoyo grande en el estado de sitio decretado por un régimen que solo piensa en sí mismo: “¿qué medidas fueron tomadas para las personas incapacitadas y discapacitadas, para su alimentación y artículos de primera necesidad?”, se pregunta la activista.
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Entre las normas criticadas por Kiriam y anunciadas este jueves, está que habrá limitaciones a la circulación de personas entre los municipios. Por ejemplo, se limitará el traslado de las personas que ejercen la venta ambulante. Las tiendas en divisa sólo abrirán, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m., y sábados y domingos, de 9 a.m. a 1 p.m.
Sólo podrán acceder a ellas las personas que residan en el municipio donde está ubicado el establecimiento y se comprobará la residencia a través del carnet de identidad. La venta de productos que no sean aseo y alimentos quedará prohibida en esos espacios.
Aumentarán las multas severas en hechos como: no utilizar la mascarilla protectora en lugares públicos, la falta de higienización con productos especiales en los mismos lugares, la permanencia de personas en espacios públicos en horarios prohibidos, la realización de fiestas de cualquier índole, entre otras.
Se aplicarán multas de 3000 o 2000 pesos de multas a los responsables de áreas de trabajo y personas naturales, respectivamente, si no cumplen con estas medidas. Están obligados para pagar las multas en menos de 10 días; si no lo hace, se duplica la multa. Si a los 30 días sigue sin pagar, se lo llevará a los tribunales.
El economista Oscar Fernández también rechazó la medida gubernamental de limitar la compra de los pocos suministros disponibles en cada municipio de La Habana.
El profesor de la Universidad de La Habana reconoció que “la pandemia es una de nuestras principales amenazas” y se necesita “rigor” para terminarla, pero estima que “la escasez es otra” amenaza tan grande como aquella.
“Restringir las compras en CUC al municipio de residencia de las personas, utilizando el CI [carnet de identidad] como medio de acreditación, es contraproducente”, consideró el especialista.
Explica que esa disposición “no reduce necesariamente la movilidad y sí agrega tensiones a los tantos habaneros que residen de facto en una dirección diferente a la de su CI”.
El economista señala las grietas de una de las últimas medidas del régimen para intentar cortar los rebrotes: “Sin transporte urbano, con restricciones al transporte privado, inhabilitados para comprar en sus cercanías, estas personas [con residencia legal en otro municipio] se quedan sin opciones”.
