La embajada de EE. UU. en Cuba condenó este 16 de mayo la aprobación de un nuevo Código Penal “que restringe aún más la libertad de expresión, de prensa y de reunión” en la isla.
“Esto se produce luego de que (…) el Comité de la ONU sobre la Tortura solicitara que el gobierno cubano investigara, procesara y, si fuera necesario, sancionara a quienes hubieran actuado por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas del 11J”, precisó la legación diplomática en Twitter.
La víspera, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó la nueva Ley del Código Penal, criticada por opositores y activistas en la isla por tipificar nuevas figuras delictivas que criminalizan aún más la manifestación, la oposición política y el activismo.
De acuerdo con el portal oficialista Cubadebate, la mayoría de los diputados coincidió en que el Código Penal “responde a las actuales y perspectivas condiciones políticas y socioeconómicas del país”.
El nuevo Código Penal introduce entre sus variaciones respecto a su predecesor de 1987 penalizaciones a “las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación activa en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación”.
Convierte el actual tipo legal de “rebelión” en “delito contra el orden constitucional” y lo penaliza con un mayor marco sancionador, a la vez que agrega el delito de “desórdenes públicos” para castigar “las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente”.
Previamente a la aprobación del nuevo Código Penal, el abogado Eloy Viera advirtió en un artículo publicado por El Toque que este sería “otra herramienta legal represiva” en manos del régimen, “para encausar a quienes reciban o financien lo que la oficialidad considere actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
“Este es un paso más en el apertrechamiento del régimen cubano en la búsqueda de nuevas herramientas para defenderse de su ciudadanía”, afirmó Viera.
La activista Anamely Ramos, historiadora del arte y miembro del Movimiento San Isidro (MSI), opinó en redes sociales que con la nueva legislación penal el gobierno planteaba el juego a los activistas “al duro y sin guante”.
“No se muevan, no hablen, no respiren. En Cuba no hay orden constitucional”, sino “criminales en el poder”, sentenció.
Como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad, el Código prevé la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años, a la vez que mantiene con carácter excepcional la sanción de muerte en 23 tipos penales.
