Dorabel Herrera Cabrera, madre del joven de 28 años Yurién Rogelio Méndez Herrera, encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio en el reparto La Güinera, aseguró este 22 de junio que su hijo está siendo víctima de abusos en la prisión Combinado del Este.
En un video compartido por el activista Marcel Valdés, Herrera aseguró que un oficial envió a otros presos para agredirlo, tras sostener una conversación con el joven vía telefónica.
“Ahora mismo estoy desesperada porque mi hijo me acaba de llamar y me dijo que el mayor Osmany, de la unidad número 3 del Combinado del Este, está mandándole presos para que se fajen con él, para que le quiten las cosas”, se le escucha decir.
“Ya no sé qué voy a hacer, porque aquí por los medios legales no se puede. Sencillamente no se puede. Yo necesito que alguien me escuche, no se puede por los medios legales. Estoy desesperada, por favor”, agrega Herrera Cabrera.
Su hijo está aún a la espera de petición fiscal y, de acuerdo con la denuncia de Valdés, el pasado 11 de junio el manifestante se encontraba en aislamiento en una celda de castigo por comenzar una supuesta huelga de hambre.
Yurién Rogelio Méndez Herrera es un joven preso político por las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en Cuba el 11 de julio de 2021, y que hasta ahora no formaba parte de los listados de detenidos, según denuncias en redes sociales.
La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) elevó este 8 de junio a 1046 la cifra de su registro sobre presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelados tras la escalada represiva por las manifestaciones de julio de 2021, que se extendieron por más de 60 localidades de la isla.
Según la organización, 901 personas permanecen recluidas por dichas protestas, mientras que en el último año han pasado por las cárceles del país unos 1236 presos políticos.
En términos generales, de los 726 presos que tienen sentencia, 246 han recibido penas superiores a los diez años de prisión.
Cuba ocupa el quinto lugar mundial en población penal por cada 100 000 habitantes, según una escala del Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR, siglas en inglés), elaborado en la Universidad de Londres, Reino Unido.
