María Ruano, residente en El Canal del Cerro, una de las barriadas habaneras que se levantó contra el gobierno cubano el 11 de julio, recibió un disparo en la puerta de su casa durante las protestas.
Su hijo, que se identifica en redes sociales como Carlis Gomila, confió a ADN Cuba que actualmente su madre se recupera de la herida, pero solicita la ayuda urgente para conseguir antibióticos.
La mujer recibió un disparo en la pierna izquierda, pero la escasez de medicamentos en el país le impide recibir atención completa, a pesar de los esfuerzos de los médicos.
Gomila agradeció al pueblo cubano por salir a las calles a exigir sus derechos en la misma publicación en redes sociales donde compartió imágenes de la internación de la mujer en el hospital para recibir tratamiento de urgencia.
El caso de Ruano es una de las tantas denuncias que se han filtrado en redes sociales y medios independientes durante esta semana, a pesar de que el Gobierno cortó el acceso a internet en todo el país.
Las comunicaciones se han ido restableciendo lentamente, en parte gracias al uso de aplicaciones para burlar la censura, como Psiphon.
La app, descargada por miles de cubanos tras el corte abrupto del servicio esta semana, es una de las pocas vías para eludir la censura que impuso el Gobierno con el objetivo de evitar denuncias de represión, aseguran expertos.
La víspera, el presidente Joe Biden prometió acceso gratuito para los cubanos a internet vía satélite, una medida que fue acogida con beneplácito por opositores y exiliados.
Las protestas comenzaron el domingo en San Antonio de los Baños, un pueblo ubicado en la provincia Artemisa (oeste) y se extendieron a más de 60 localidades del país.
Hasta el momento, el gobierno cubano reconoció la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio habanero Arroyo Naranjo, de quien no se dieron las causas del deceso en la nota oficial.
Sin embargo, denuncias en redes sociales hablan de más muertos y heridos, información que no ha sido confirmada.
La ONG Cubalex, que da asesoría legal a defensores de derechos humanos, ya suma en su listado 380 detenidos y desaparecidos durante las protestas.
Organizaciones pro-derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía internacional condenaron la represión y tomaron partido por los manifestantes.
Washington declaró públicamente que la represión era inadmisible a poco de conocer la noticia del estallido social; este jueves, el presidente Joe Biden dijo que revisaría su política hacia Cuba a raíz de estos sucesos.
