El gobierno cubano anunció este lunes que sufre dificultades para importar gas licuado de petróleo (GLP) y solo podrá garantizar el suministro a los centros que prestan servicios básicos a la población.
Una nota suscrita por la empresa estatal Cubapetróleo (Cupet) y el Ministerio de Energía y Minas (Miem) refiere que los inventarios existentes actualmente en la isla "no cubren el consumo, por lo que han existido afectaciones" en la venta de GLP.
En ese sentido, indica que se informará a través de los puntos de venta de gas licuado de "las medidas de reducción del consumo que se aplicarán hasta tanto exista un suministro estable" al país y exhorta a la población a adoptar medidas de "ahorro y el uso eficiente" de ese producto.
Cupet y el Miem explican que la compañía cubana Corporación Panamericana S.A. tenía contratado el suministro de gas licuado del petróleo, pero los proveedores se negaron a realizar las entregas planificadas para finales de diciembre de 2019 e inicios de enero.
Recuerdan que durante el pasado año el Gobierno de EEUU impuso nuevas y sucesivas sanciones a compañías, armadores, buques y empresas de seguros, con el objetivo de impedir la llegada de combustibles a la isla, entre ellas a la Corporación Panamericana S.A., creada en la década de 1990.
Asimismo, relatan que tras la sanción a la Corporación Panamericana en noviembre pasado, se han realizado gestiones para lograr el suministro de gas licuado desde otros mercados, pero "no se ha logrado concretar", por lo que continúan "las acciones para lograr la importación" de ese producto.
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El pasado 11 de septiembre el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció que el país se enfrentaba a una complicada situación energética "coyuntural" porque había dejado de recibir petróleo temporalmente debido a las presiones de EEUU a las navieras para evitar la llegada de combustible a Cuba en represalia por su apoyo a Venezuela, su principal proveedor.
Esa situación afectó particularmente al combustible diésel y ante esa circunstancia el Gobierno de la isla dispuso una serie de "medidas de ajuste y ahorro" que impactaron especialmente a los servicios del transporte público.
A las medidas de ahorro de combustible en el transporte estatal se sumaron entonces otras en el sector público como la reducción del diésel asignado a organismos y empresas, y de los horarios de climatización en dependencias adscritas a la administración.
Un mes después, Díaz-Canel dio por superada la fase más crítica de la crisis de abastecimiento de combustible y dijo que la isla podía cubrir ya el 62% de sus requerimientos, aunque consideró que seguiría habiendo "tensiones" en algunos sectores.
En los últimos meses la administración de Washington ha aplicado nuevas sanciones contra la isla que han impactado con dureza en la economía cubana, en represalia por la supuesta injerencia de Cuba en la crisis venezolana y su apoyo incondicional al presidente Nicolás Maduro.
