La Fiscalía de Guantánamo pidió 5 años de cárcel para el activista Yordis García Fournier, arrestado en esa provincia, al oriente de Cuba, por participar en las protestas del 11 de julio, aseguró Radio Martí.
“En un principio se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva con el delito de alteración del orden. Hace una semana su abogado nos informó que se le está imputando un segundo delito: el de desacato”, explicó su hermano, el periodista independiente Niober García Fournier.
Según su abogado, el segundo delito estaría relacionado con las ofensas que lanzó el activista durante las protestas al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, junto a otros manifestantes.
Junto a Yordis García están siendo procesados Lucy Téllez Ávila, Heriberto Téllez Reinosa, Exeint Beirut Rodríguez, Jovel Sevila Martínez y Enrique Mustelier Sosa, agregó Radio Martí. Hasta el momento desconocen la fecha de juicio y las peticiones de Fiscalía oscilan entre 5 y 12 años de cárcel.
Fiscalía comenzó a exigir sanciones a principios de octubre, con penas que rondan los 10 años de cárcel para los manifestantes del 11 de julio. La más severa hasta el momento, 12 años, recayó sobre Roberto Pérez Fonseca, de San José de las Lajas, Mayabeque, por romper un cuadro del difunto Fidel Castro durante el levantamiento en esa localidad.
Las protestas comenzaron en San Antonio de los Baños, un pueblo ubicado en la provincia Artemisa, y se extendieron al resto del país gracias a la Internet. Según expertos, se trata del estallido social más grande en la historia del socialismo cubano.
Hasta el momento, el Gobierno reconoció la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio habanero Arroyo Naranjo, de quien no se dieron las causas del deceso en la nota oficial.
La organización de asesoramiento legal Cubalex contabiliza actualmente unos 500 arrestados, luego de excarcelaciones los meses de agosto y septiembre.
Estas detenciones se han hecho a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo de Cuba aseguró en declaraciones a la prensa extranjera acreditada en La Habana que manifestarse no es delito sino un derecho constitucional.
