El castrismo se siente amenazado ante las crecientes muestras de inconformidad ciudadana y, cual fiera acorralada, no se esfuerza en lo más mínimo por esconder su naturaleza dictatorial y represiva.
Como muestra reciente, este viernes el vocero oficialista Humberto López, quién si no él, dedicó una emisión especial de su programa “Hacemos Cuba” a exponer cómo el régimen está blindado jurídicamente contra cualquier muestra de oposición política o activismo independiente.
López, que ante el pretendido sistema de justicia de Cuba pasó en muy corto tiempo de ser un agresor de mujeres a una víctima de una activista, pretendió afirmar en su programa que Cuba es un “Estado socialista de derecho” que cuenta con herramientas para protegerse jurídicamente contra la subversión político-ideológica de sus enemigos.
Sin embargo, por mucho que apeló junto a su invitado, un fiscal de más de 30 años de experiencia, a la retórica supuestamente revolucionaria y socialista de siempre que poco dice ya a muchos, consiguió afirmar justamente lo contrario y demostrar que en la isla impera una “dictadura de derecho”. Es decir, un régimen que sólo camufla discursivamente su naturaleza privativa de elementales derechos y libertades individuales, ya que en sus leyes deja claro que no tolera la disidencia ni la libre expresión o manifestación.
Lea también
El ya habitual inquisidor mediático de opositores y activistas, y José Luis Reyes Blanco, jefe de Departamento de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, repasaron la constitución, el código penal y varias leyes especiales del ordenamiento jurídico cubano que permiten juzgar lo que el oficialismo refiere como actos de subversión, desórdenes públicos, atentados, desacatos, entre otras figuras, pero que en muchos casos son auténticas manifestaciones de oposición política o activismo cívico independiente.
A modo de advertencia, López y su invitado explicaron que las leyes cubanas contemplan la posibilidad de juzgar en ausencia, por lo que tanto los residentes en la isla como los relacionados con ellos que radiquen fuera del país pueden ser sancionados si se atreven a pronunciarse y actuar contra el régimen.
Lea también
Invocando figuras delictivas como mercenarismo y traición a la Patria, esta última en la unilateral homologación de Patria con Partido, Gobierno y socialismo, los protagonistas del espacio televisivo insinuaron que hasta aquellos que reciban recargas telefónicas para sus directas contestatarias, y los remitentes de éstas, podrían ser juzgados.
El Estado tiene armas jurídicas para defenderse, aprobadas por la mayoría del pueblo, presumió López en varias ocasiones. Corresponde velar por el cumplimiento de las leyes y castigar a quienes las violan, subrayó al término del programa sin cuestionar la naturaleza democrática de esas leyes ni mencionar los derechos humanos y las libertades individuales, cuyo ejercicio por parte de algunos ciudadanos cuestiona y homologa con prácticas delincuenciales.
