El presidente de EE. UU., Joe Biden, extendió por un año más la aplicación de la Ley de Comercio con el Enemigo, uno de los estatutos que regulan el embargo a Cuba, informó la Casa Blanca en un comunicado.
El memorando autoriza al secretario del Tesoro a publicar la medida en el Registro Federal para ser implementada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
La medida, que estaba vigente hasta el 14 de septiembre, sólo se aplica actualmente a la isla, aunque países como China, Corea del Norte y Vietnam también fueron objeto de la Ley en el pasado.
Bajo esta legislación, que data de 1917, y fue aprobada en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Washington puede restringir el comercio con empresas o gobiernos considerados “enemigos” de EE. UU.
Bajo esta Ley la administración Trump pudo aumentar las sanciones contra el régimen cubano, lo que incluyó restricciones a los viajes y las remesas.
Desde 1962, gobiernos republicanos y demócratas han coincidido en mantener vigente su aplicación a Cuba. Ese año, el presidente John F. Kennedy recurrió a este estatuto para imponer el embargo económico sobre La Habana.
Obama también la renovó, a pesar de ser el presidente que más concesiones dio al gobierno de los Castro, a la vez que seguía manteniendo su autoridad y flexibilidad para relajar las sanciones a la isla mediante decretos ejecutivos.
La renovación de la Ley de Comercio con el Enemigo amplía al máximo la autoridad del presidente para administrar el embargo a Cuba y autorizar determinadas transacciones, por lo que sirve a Biden como instrumento no solo de sanción si no de flexibilización.
Sin embargo, hasta el momento el actual inquilino de la Casa Blanca no ha dado indicios de flexibilización hacia La Habana; al contrario, mantiene las medidas de la administración Trump, que fueron elogiadas por congresistas republicanos y cubanoamericanos.
Bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, también se encuentran las Regulaciones al Control de los Activos Cubanos, instrumento a través del cual el gobierno de EE. UU. impone castigos a las empresas cubanas que tratan de burlar el embargo.
