El activista Dariem Columbié fue detenido este 5 de octubre cuando se dirigía a la sede del gobierno de Santiago de Cuba a solicitar permiso de manifestación el próximo 20 de noviembre, declaró la también agitadora social Joanna Columbié.
“Una vez más la dictadura pone en evidencia la violación de su propia Constitución donde se expresa en su artículo 56 que ‘los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado, siempre que se ejerzan con respeto al orden público y al acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”, precisó Joanna.
La llamada Marcha Cívica, que tendrá lugar el 20 de noviembre en varias localidades de la isla si el régimen cubano la permite, es promovida y organizada por el grupo Archipiélago, surgido a raíz de las protestas del 11 de julio.
Los medios independientes no recibieron información de interferencia de las fuerzas represivas con la organización de la protesta hasta esta semana.
La víspera, el joven Yerly Luis Velázquez Morales denunció el “acoso” de la policía política del régimen de Cuba por su activismo a favor de la convocatoria.
El opositor dijo en Twitter que la policía política había “sitiado el Tribunal Provincial” de Las Tunas “porque hay varios juicios a activistas políticos y manifestantes del 11J”, el estallido social que alcanzó más de 60 localidades en el país.
Decenas de cubanos han suscrito documentos formales en los que se notifica a las autoridades de varias provincias la intención de realizar una marcha pacífica el próximo 20 de noviembre, a favor del respeto de los derechos humanos en Cuba y por la liberación de los presos políticos, entre otras demandas.
La iniciativa surgió en el grupo Archipiélago, fundado por el dramaturgo y actor Yunior García, como un movimiento a favor de los derechos humanos y libertades en Cuba que toma fuerza tras las protestas del 11 y 12 julio últimos, conocidas como el 11J.
La Habana, Holguín, Pinar del Río, Santa Clara, Cienfuegos, el municipio de Nuevitas en la provincia de Camagüey, y Guantánamo, son algunas de las ciudades donde grupos de activistas han notificado formalmente la intención de manifestarse.
El 29 de septiembre, agentes de la Seguridad del Estado aseguraron al opositor Manuel Cuesta Morúa, detenido arbitrariamente, que no permitirían la marcha pacífica del 20N.
Un agente le dijo que “estuviera listo”, pues tomarían las medidas necesarias para impedir la protesta. A Cuesta Morúa le impusieron una multa de 100 pesos cubanos “por evadir el dispositivo” de vigilancia que tenía alrededor de su vivienda.
