Durante los últimos dos años se han incrementado en la Isla las muertes de recién nacidos como consecuencia de negligencias o malas prácticas médicas. Muertes que suelen ser manipuladas y silenciadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública.
El relato de Cleida García Díaz, una joven oriunda de Manzanillo y vecina del municipio habanero Cotorro, describe cómo la calidad y la profesionalidad en los servicios de salud ha descendido en términos alarmantes, mientras que las actuaciones punibles de los profesionales quedan amparadas bajo una política de Estado basada en el apañamiento y el secretismo.
Su hijo, Danniel Zamora García, nació el 11 de marzo y falleció el pasado 8 de junio del presente año, a los tres meses de nacido, como consecuencia de un conjunto de anomalías que habrían sido detectadas en los diferentes ultrasonidos practicados durante su período de gestación.
“Decidí denunciar mi caso porque lo que me pasó a mí, puede pasarle a otras madres y que sepan que se debe estar atenta y no confiar ciegamente en los diagnósticos de los médicos”. En su caso, fueron los especialistas del policlínico Rafael Valdés en la misma localidad de Cotorro.
“Lo primero que se detecta, a las 16 o 18 semanas de mi embarazo, fue que mi bebé tenía los riñones dilatados. Luego se le detecta un foco congénito, según me informó Regla, la especialista de ultrasonido del policlínico”.
En posteriores ultrasonidos la especialista comunicó a sus superiores sobre la persistencia de las anomalías que detectaba en el feto, “y que de todas las embarazadas la que más le preocupaba era yo, y que iba a informar al PAMI (Programa de Atención Materno Infantil)”.
“Pero tanto la especialista de genética del policlínico ‒Josefina‒ como la del municipio ‒Melkis‒ decían que mi bebé estaba perfecto y que Regla estaba loca y me estaba volviendo loca a mí. Cuando les pregunté qué era un foco congénito, me dijeron que esa detección era normal en los varones. Asumí lo que me decían porque lógicamente yo no sé, no soy doctora. De hecho, presencié una discusión al respecto donde estaba presente la vicedirectora del policlínico”.
Quince días antes de la fecha de parto, García Díaz fue citada a otra consulta de genética donde le informan que el feto tenía el intestino dilatado. La remitieron a la doctora de genética Melkis, quien insistió en que todo estaba perfecto, ignorando un ultrasonido anterior que también había detectado una anomalía en los fémures del feto.
El calvario de Daniel y sus padres
“Mi bebé nació con síndrome de Down y con muchos problemas de salud: en su corazón, intestinos y riñones, que fueron detectados en los ultrasonidos. A los catorce días de nacido tuvieron que hacerle una ileostomía. Por los problemas del corazón fue ingresado en el cardiocentro del hospital William Soler”.
“Días después me dan el alta pero no le pusieron tratamiento para el corazón. Al día siguiente tuve que ingresarlo otra vez con mucha falta de aire y descompensado del corazón. Con el tratamiento para compensar los problemas del corazón me dieron nuevamente el alta y con una fecha para cirugía”.
“Los errores médicos cuestan vidas”, declaró García Díaz, quien conserva la historia clínica de su embarazo, donde está reflejado todo el proceso y los resultados de cada ultrasonido que fueron ignorados, en todas las ocasiones, por las especialistas en genética.
“Mi bebé tenía una fecha prevista para ser operado del corazón, pero antes de esa fecha se puso muy grave, tuvieron que entubarlo y operarlo de urgencia. La operación, el 2 de junio, fue un éxito contra todo pronóstico, pues tuve que firmar un documento ya que los cardiólogos me dijeron que mi bebé tenía más de un noventa por ciento de probabilidad de morir durante la operación”.
Seis días después de ser operado del corazón, al mediodía del 8 de junio, García Díaz fue notificada de que, desde las cinco de la mañana a Daniel le había dado un paro respiratorio y se había procedido a su intubación, pero fue empeorando y ya no recibía estímulos. Cinco minutos después le notificaron que Danniel acababa de fallecer.
García Díaz tuvo que atenderse con un psiquiatra y un psicólogo. “En la primera consulta con el psicólogo, este fue a buscar a la genetista del policlínico, Josefina, y me la puso delante. Ella me maltrató verbalmente diciendo que no tenía culpa de nada, que yo no tengo por qué acusarla, que aquí no existe acusación para ellos. Por eso decidí no ir más a esas consultas porque no puedo verlas”.
“Responsabilizo a las doctoras Melkis y Josefina porque siendo informadas de los resultados que reflejaban los ultrasonidos, con fuertes sospechas, debieron tomar las medidas correctas y un chequeo más profundo. Tenían que haberme informado bien todo lo que tenía mi bebé, y mi esposo y yo hubiésemos decidido interrumpir el embarazo”.
“Ni siquiera puedo demandarlas porque eso no existe en este país, aunque la ley lo diga”, dijo en referencia a la Instrucción 245 del Tribunal Supremo Popular.
En su Artículo Segundo, la Instrucción 245 establece dar curso “a las demandas que se presenten por las personas legitimadas, a fin de obtener la reparación por los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios que reciban, por un actuar indebido en cumplimiento de sus deberes funcionales por directivos, funcionarios y empleados del Estado”.
