Humberto Paz Gutiérrez, encarcelado en la prisión provincial Canaleta, de Ciego de Ávila, por su participación en las manifestaciones del año pasado, fue amenazado de muerte por una autoridad del penitenciario, informó este 17 de julio Radio Martí.
“El problema fue con el oficial de guardia Macías. Yo estaba haciéndole una reclamación respecto al ‘soleador’, porque él dice que es obligatorio, y yo le discutí que es un derecho del recluso”, denunció Paz en una grabación telefónica que la familia envió al medio de prensa.
“Entonces caemos en esa polémica, me sacó a empujones, me llevó para la celda [de castigo], y en la celda me amenazó de muerte, que él si está loco, que me mataba y que aquí no pasaba nada”, aseguró.
Paz Gutiérrez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fue condenado por el régimen cubano por los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato a 5 años de privación de libertad.
“Cuando vino a verme Landy, el director de aquí, que yo le di las quejas sobre lo que había pasado, me contestó, en mi propia cara, que yo soy un chismoso”, les explicó a sus familiares en su denuncia.
“Después me tiró la mano por arriba y me dijo que todo está bien, y que, [respecto al soleador] me iba a enseñar el reglamento, pero nunca me lo mostró”, indicó Paz Gutiérrez que explicó que el incidente se registró el 13 de julio.
El joven forma parte de los más de 1000 presos políticos que se encuentran registrados actualmente en Cuba, según el último informe de Prisoners Defenders.
La organización precisó que, del total de los 1046 prisioneros políticos que hay en la isla, 901 corresponden a las protestas del 11 de julio (11), un total en el que se encuentran registrados 37 menores de edad.
Según la organización, 901 personas permanecen recluidas por dichas protestas, mientras que en el último año han pasado por las cárceles del país unos 1236 presos políticos.
De los 726 presos que tienen sentencia, 246 han recibido penas superiores a los diez años de prisión.
Cuba ocupa el quinto lugar mundial en población penal por cada 100 000 habitantes, según una escala del Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR, siglas en inglés), elaborado en la Universidad de Londres, Reino Unido.
