La Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, que debió ser aprobada el pasado mes de octubre, fue ignorada por la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, señala este lunes (28 de diciembre) el diario español ABC.
"La no aprobación de esta ley perpetúa así la impunidad de los abusos y represión del régimen contra las voces disidentes de la isla, ya que le permite seguir enjuiciando opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales como el de libre circulación, el de libertad de expresión, de manifestación o de reunión", indica el periódico.
La publicación cita a Yaxys Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), para quien el retraso en la aprobación de leyes que tienen que ver con derechos que afectan a los cubanos refleja, "la falta de compromiso del PCC (Partido Comunista de Cuba) con las libertades y con la propia Constitución que daba un plazo exacto para aprobar las leyes complementarias".
"El régimen es consciente de que si aprueba esa ley, los tribunales se llenarán de demandas contra funcionarios e instituciones del Estado", asegura Cires.
El cronograma legislativo presentado en diciembre de 2019 tenía previsto aprobar varias leyes este año para implementar la nueva Constitución que entró en vigor en abril de 2019.
"Cuando restan apenas cinco días para concluir 2020 es un hecho el incumplimiento del calendario: de las 14 normas previstas, tan solo se han aprobado seis, que afectan al Gobierno; el resto, que tienen relación con los derechos sociales de los cubanos, han sido pospuestas para el próximo año", alerta ABC.
Tampoco fue promulgado por el Consejo de Estado, el Decreto-Ley Sobre Derechos de Manifestación y Reunión en el mes de septiembre de 2020.
La justificación del régimen, en la voz del ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, en el programa Hacemos Cuba en la televisión cubana fue la pandemia del COVID-19.
"El problema es que, aunque la Constitución de 2019 recoge varios derechos, su ejercicio está condicionado al desarrollo de leyes complementarias. Es una práctica antigua del régimen para no implementar el ejercicio de determinadas cuestiones que le son incómodas y mantener a la sociedad en el vacío legal", explica Cires.
*Nota publicada originalmente en Radio Televisión Martí
