El régimen cubano en el contexto de la pandemia del coronavirus y la implementación de la llamada “Tarea Ordenamiento” para la unificación monetaria, ha indicado arreciar el control estatal. Mientras el país se hunde en una profunda crisis de escasez y desabastecimiento, y los salarios apenas alcanzan para cubrir necesidades y servicios básicos, el castrismo apuesta por la imposición de abusivas multas.
Más que un método para intentar responsabilizar a los ciudadanos ante la propagación de la Covid-19 en la isla, y regular los precios, las multas se han convertido en una vía fundamental para que continúe entrando dinero a las arcas del Estado.
En el caso de la actividad comercial y de servicios, según dijo al diario oficialista Tribuna de La Habana, Orestes LLanes, coordinador de Fiscalización y Control en la capital, se impusieron el pasado día 11, un total de 222 multas, relacionadas en gran medida con las violaciones de precios.
Por ese concepto, acotó LLanes, solo en una jornada se aplicaron 76 multas por más de 8 000 pesos y se retiraron 11 licencias. “La indicación del grupo de enfrentamiento es que todo trabajador por cuenta propia o arrendador a quien se le detecte una violación de precios, además de la denuncia, se les aplicará una multa entre 8 000 y 10 000 pesos y se les retirará la licencia por seis meses”, señaló.
“Aunque han disminuido, todavía son notables esas adulteraciones que se generan, fundamentalmente, en el sector de los trabajadores por cuenta propia, sobre todo, entre quienes ejercen la actividad de cafetería: los líquidos tienen precios topados, que se siguen violando”, refirió el funcionario castrista.
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La Gaceta Oficial No. 8 Extraordinaria del 29 de enero de 2021 publicó el Decreto 30/21 del Consejo de Ministros del régimen cubano, en el cual se establecen las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas.
De acuerdo al diario oficialista Juventud Rebelde, “su aplicación será a las personas naturales relacionadas con la comercialización de bienes y servicios, de forma mayorista o minorista”.
Según el cuerpo del Decreto, se impondrán multas desde 5 000 pesos hasta 15 000 pesos, de acuerdo al tipo de violación. También se puede establecer como sanción accesoria “la obligación de hacer, el decomiso y la venta forzosa de los bienes”, según corresponda.
Es preciso garantizar el control de los precios de los cuentapropistas. Los tentáculos del régimen llegan hasta regular la gestión individual de un productor o vendedor, mientras los costos en los establecimientos estatales se han multiplicado bestialmente y la calidad de los alimentos de producción nacional es pésima en la mayoría de los casos.
