El régimen cubano condenó esta semana a 20 años de privación de libertad a Maikel Puig Bergolla, participante en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) en Güines, provincia de Mayabeque, informó su esposa Saily Núñez.
En una directa en Facebook, Núñez calificó de injusta la sanción contra su esposo y afirmó que la sentencia hará que el régimen tenga en ella una pared con la cual toparse en todo momento, así como una cubana dispuesta a alzar la voz de manera permanente por la liberación de los presos políticos y contra las arbitrariedades de un sistema que criminaliza el derecho a la libre expresión y manifestación.
Puig Bergolla se encuentra en prisión desde el 12 de julio y fue juzgado por la presunta comisión de los delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y asesinato tentado durante la manifestación del 11J. La petición fiscal en su contra era de 25 años.
De 41 años, tiene dos hijos menores de edad junto a Núñez, que en entrevista con ADN Cuba aseguró que su cónyuge no se manifestó. “Sólo observamos él y yo lo que estaba sucediendo”, dijo.
Además de Puig Bergolla, esta semana fueron condenados en Mayabeque por participar en las protestas del 11J los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. Las sentencias, de seis y ocho años de privación de libertad, respectivamente, supusieron una disminución de dos años de las peticiones fiscales contra cada uno.
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La reducción de las peticiones fiscales no es digna de celebrar en tanto supone una condena bajo cargos fabricados contra dos personas que sólo ejercieron su derecho a manifestarse y expresarse libremente, afirmó este sábado en entrevista con ADN Cuba Betty Guerra Perdomo, prima de los hermanos Martín Perdomo.
Más de mil cubanos fueron detenidos a raíz de las protestas antigubernamentales, según el subregistro de la organización independiente de asesoría jurídica Cubalex.
Al menos 727 de los detenidos durante los días del estallido social o en las jornadas inmediatas permanecen en prisión, incluidos 15 menores de 18 años.
La Físcalía General de la República, tras más de seis meses de silencio sobre los procesos a los manifestantes, aclaró que 790 de ellos están en la cárcel con medida cautelar de prisión provisional.
