18 sancionados en Pinar del Río por delitos relacionados con robo de combustible

Un total de 18 personas han sido sancionadas en Pinar del Río entre los mese de enero y mayo de 2019 por diferentes delitos relacionados con el robo de combustible.
Dispensador de combustible
 

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Un total de 18 personas han sido sancionadas en Pinar del Río entre los mese de enero y mayo de 2019 por diferentes delitos relacionados con el robo de combustible, informa una nota de periódico Guerrillero, medio oficial del Partido Comunista en esa provincia del occidente cubano.

Las sanciones buscan contener el creciente desvío de recursos estatales ante el desabastecimiento causado por la profundización de la crisis económica en la Isla. “Desde la alta dirección del país se ha incentivado la batalla contra el hurto y la apropiación indebida de los bienes estatales, con énfasis en el combustible”, indica Guerrillero.

De acuerdo con la nota, los tribunales del territorio procesaron en ese periodo seis casos “relacionados con el combustible”.

20 personas fueron juzgadas, de las cuales 18 se encontraron culpables y “recibieron distintas sanciones que van desde penas de encierro hasta multas”, puntualiza el diario.

 

 

La nota refiere el ejemplo de uno de los casos procesados:

(…) siete operadores de equipos pesados (…) se apropiaron de un total de 620 litros de petróleo”.

El hecho, que fue juzgado por el Tribunal Municipal Popular de Consolación del Sur, terminó con una condena de 10 meses de privación de libertad para los siete trabajadores. También “los dos compradores del diésel cumplen un dictamen de un año de encierro por el delito de receptación continuada”.

Estamos implementando una política de rigor. Tiene que haber un escarmiento porque las personas tienen que sustraerse de cometer estos delitos, por lo cual buscamos un efecto no solo represivo, sino también educativo y preventivo”, dijo al periódico Liosbel Márquez, presidente del Tribunal Provincial.

Márques aseguró también que existe una  orientación del presidente del Tribunal Supremo”, en la que se pide “indagar” en posibles demandas que se presenten en la sala civil como reclamación económica, y puedan ser procesadas “un ilícito penal”.

 

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