Las Fiscalías Generales de Cuba y España firmaron esta semana un programa de cooperación bilateral que pretende profundizar en “la protección de los menores de edad, las mujeres víctimas de violencia, los mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables”, según comunicaron ambas dependencias.
El documento fue suscrito en un encuentro virtual que sostuvieron el jueves la fiscal general de Cuba, Yamila Peña Ojeda, y su homóloga española, Dolores Delgado García, en el que además se repasó la agenda bilateral y futuras acciones a desarrollar de conjunto.
La Fiscalía cubana agregó en su comunicado que el Programa de Cooperación entre ambos Ministerios Públicos para el período 2022-2023 da continuidad a la materialización del Memorándum de Entendimiento Interinstitucional suscrito el 17 de octubre de 2016 y contempla la cooperación también en “estrategias y acciones en la lucha contra la prostitución, la explotación y trata de personas, el uso de las nuevas tecnologías en la comisión de hechos delictivos y la cooperación jurídica internacional”.
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A juzgar por la nota oficial de la Fiscalía General de España, nada se habló en el encuentro de las excesivas condenas que la Fiscalía cubana solicitó para los cubanos encarcelados por manifestarse contra el régimen de la isla el pasado 11 de julio de 2021, en las mayores protestas antigubernamentales en Cuba en décadas.
Tampoco se mencionó el procesamiento judicial de 27 menores de 16 años por su participación en las protestas, reconocido por el Ministerio Público del régimen cubano a inicios de año, o de las 218 mujeres detenidas por la misma razón, según cifras del Grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba "Justicia 11J".
Tanto las condenas solicitadas como las finalmente impuestas despertaron una amplia repulsa popular en Cuba, que motivó una campaña de denuncia y exposición de las identidades de jueces y fiscales.
También ha habido críticas de organismos internacionales e instituciones, que calificaron de “farsa judicial” lo sucedido a raíz de las protestas y su criminalización por parte del régimen.
