La periodista independiente cubana Karla Pérez denunció este 29 de junio al agente de la Seguridad del Estado Yoandry Riverón, a quien señala como el encargado de hostigarla durante en la Universidad Central Marta Abreu durante 2016 y 2017.
“La misma voz, la misma cara. El oficial que me sacaba de clases para interrogarme y amenazarme por horas. Nos vemos en los tribunales”, dijo Pérez en redes sociales, al ver una entrevista de la televisión nacional al agente sobre su nueva faceta como empresario.
“Yo tenía solo 18 años. Siempre enviaba a algún profesor a sacarme de clases y me interrogaba por horas. Un día, en el último interrogatorio, me llevó a una oficina oscura y pequeña, y me dijo: tú tienes dos opciones: o colaboras con nosotros (ser chivata) o serás tratada como una criminal común y las autoridades universitarias sabrán de tu existencia”, declaró la joven reportera a ADN Cuba.
“Luego lo seguí viendo en los pasillos de la Universidad y custodiando eventos cuando iban ‘personalidades’ del país —añadió. Sé que vive en Caibarién y que también hostigó a la profesora Dalila hasta su expulsión y al estudiante de Derecho Javier Larrea. Desde que conseguí una imagen suya gracias a Dalila y su familia, lo expongo cada año en redes sociales como lo que es: un esbirro”.
Riverón, conocido por víctimas de la represión en Cuba como el oficial “Cristian”, fue identificado este miércoles como el propietario de una pequeña empresa privada (Pyme) de calzado en Camajuaní, provincia de Villa Clara.
El periodista oficial Lázaro Manuel Alonso promocionó en su perfil de Facebook lo que llamó “un pequeño negocio privado” de la ciudad de Camajuaní, que produce zapatos con “precios distantes de la locura del mercado”.
José Raúl Gallego, periodista de investigación y académico, denunció que Yoandy Riverón devino empresario “luego de que durante años fuera uno de los responsables del hostigamiento, acoso y expulsión de alumnos y profesores de la Universidad Central de las Villas [UCLV] como fueron los casos de Karla Pérez González (2017), Dalila Rodríguez (2016-2017) y Javier Larrea (2018-2020)”.
Según José Raúl Gallego, “en Cuba es común ver tanto a militares como a esbirros de la Seguridad del Estado re-convertidos en dueños de negocios y de tierras una vez concluidos su servicio activo, siempre gozando de los privilegios que no tienen otros emprendedores y que les permiten competir con estos en condiciones de suma ventaja. Esta es la 'clase privada emergente' que favorece el régimen, un grupo formado a su imagen y semejanza, leal, y que usa para mostrar una imagen de 'cambios' que no existen”.
En mayo, y como parte de un cambio de política hacia Cuba, el gobierno norteamericano anunció que quitaría el límite a las remesas familiares de 1000 dólares por trimestre y autorizó las remesas de donativos (no familiares), que “apoyarán a los empresarios cubanos independientes”.
La administración Biden afirmó que entre sus objetivos está “aumentar el apoyo a los empresarios cubanos independientes”, para lo cual pretende fomentar “las oportunidades comerciales fuera del sector estatal al autorizar el acceso a la tecnología de nube ampliada, las interfaces de programación de aplicaciones y las plataformas de comercio electrónico”.
Gallego advirtió en Facebook que este tipo de revelaciones debe investigarse y difundirse porque “quizá mañana, un negocio de un esbirro de la Seguridad del Estado pudiera estar entre los beneficiados con las medidas de Biden".