La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su “preocupación” por el nuevo Código Penal aprobado en Cuba.
“Ante la aprobación del nuevo Código Penal el 15 de mayo, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad Expresión expresan preocupación por tipos penales que pudieran emplearse para criminalizar el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y asociación”, publicó la Comisión en su cuenta oficial de Twitter.
También se pronunció Edgar Stuardo Ralón, relator de la CIDH para Cuba, quien manifestó su “preocupación por el nuevo Código Penal, ante las múltiples denuncias de que mediante tipificaciones ambiguas se busca silenciar y perseguir a quienes exigen libertad y democracia en la Isla”.
Además, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó esta semana la aprobación por el Parlamento de Cuba, a petición del régimen comunista, de la nueva legislación penal, porque “podría dañar gravemente al periodismo independiente”.
“Estamos alarmados por la aprobación del nuevo Código Penal de Cuba, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes en la isla al prohibir el financiamiento extranjero y pone en grave riesgo su existencia y sostenibilidad”, declaró Ana Cristina Núñez, directora general de América Latina y el Caribe del CPJ, en un comunicado.
“Con el nuevo Código Penal, las autoridades cubanas continúan construyendo un intrincado y perverso régimen legal de censura y asestan un golpe devastador a los periodistas y medios independientes”, agregó Núñez.
La legislación prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos extranjeros y podría usarse para silenciar a los medios y periodistas independientes que dependen de este tipo de financiamiento para operar, como documentó el CPJ en un informe.
El gobierno comunista de la isla podría condenar a quienes accedan a fondos independientes y de entidades extranjeras a penas de entre cuatro y diez años de prisión, según el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia dentro de 90 días.
Una ley cosida a medida del régimen
La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba aprobó este domingo 15 de mayo la nueva Ley del Código Penal, criticada por opositores y activistas en la isla por tipificar nuevas figuras delictivas que criminalizan aún más la manifestación, la oposición política, el activismo y la información independiente.
De acuerdo con el portal oficialista Cubadebate, la mayoría de los diputados coincidió en que el Código Penal “responde a las actuales y perspectivas condiciones políticas y socioeconómicas del país”. Introduce entre sus variaciones respecto a su predecesor de 1987 penalizaciones a “las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación activa en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación”.
El nuevo código convierte el actual tipo legal de “rebelión” en “delito contra el orden constitucional” y lo penaliza con un mayor marco sancionador, a la vez que agrega el delito de “desórdenes públicos” para castigar “las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente”.
El gobierno del Partido Comunista de Cuba criminaliza desde su consagración actividades como el periodismo y el cine independiente, y reprime organizaciones políticas, económicas y de la sociedad civil que no estén controladas por el Estado.
Así, quienes transgredan sus prohibiciones pueden ser enjuiciados mediante la fabricación de delitos comunes, contenidos en el Código Penal y otras normativas complementarias como decretos-leyes, decretos y resoluciones de organismos de la administración central del Estado.
Previamente a la aprobación del nuevo Código Penal, el abogado Eloy Viera advirtió en un artículo publicado por El Toque que este sería “otra herramienta legal represiva” en manos del régimen, “para encausar a quienes reciban o financien lo que la oficialidad considere actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
La tipificación en un nuevo Código Penal de figuras delictivas relacionadas con lo que los órganos judiciales del régimen entienden como un “deliberado uso abusivo de los derechos constitucionalmente reconocidos” se produce tras las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, en las que miles de cubanos salieron a las calles de más de 60 localidades de la isla para pronunciarse contra la precariedad del país y exigir un cambio político.
