El Tribunal Provincial de Villa Clara emitió este 19 de abril una sentencia de cuatro años de cárcel contra Andy García Lorenzo, quien participó en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021, informó la activista Saily González.
“Ha llegado la condena de Andy García Lorenzo, manifestante del 11J: 4 años de prisión. Las únicas pruebas contra Andy fueron un video en el que decía “Diaz Canel Singao” en ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión”, declaró González en Twitter.
El joven fue sometido a juicio en enero de 2022. Fiscalía pidió 7 años de cárcel por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado y desacato a la autoridad.
García Lorenzo se encuentra preso desde el pasado 11 de julio de 2021 cuando regresaba a su vivienda luego de participar en las protestas pacíficas en la ciudad de Santa Clara. Lo ingresaron en una patrulla policial y lo golpearon. No recibió entonces atención médica, añadió su familia.
Primero estuvo en la cárcel conocida como La Pendiente y a inicios de diciembre pasado las autoridades lo trasladaron para Guamajal.
En octubre de 2021 realizó una huelga de hambre de 10 días que abandonó por motivos de salud.
Personalidades cubanas como el senador Marco Rubio y la coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, han condenado su detención.
Por su activismo a favor de la liberación de los presos políticos, la familia de García Lorenzo ha sufrido vejaciones. La última de ellas fue la agresión física a su padre, Nedel García, que fue apuñalado a inicios de febrero por un defensor del régimen en la ciudad de Santa Clara.
Desde inicios de octubre, el sistema judicial cubano comenzó a imponer sanciones a varios prisioneros manifestantes del 11J, por delitos como “desacato”, “instigación a delinquir” y “desorden público”. Las penas oscilan entre pocos meses y 30 años de cárcel.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, informó que su ONG y el grupo de activistas de Justicia 11J han registrado más de 1 130 detenciones tras el estallido social. Continúan prisioneras 572 personas y varias han denunciado “actos de tortura y malos tratos”.
