El adolescente de 18 años Brandon David Becerra Curbelo, preso político, envió una carta desde la cárcel en la que explica que se mantiene firme en las razones que lo hicieron manifestarse el 11 de julio en La Habana.
“Desde esta oscuridad en que ellos piensan que yo estoy, tengo mucha claridad. ¿Sabe por qué? Porque soy libre”, le escribió Becerra Curbelo a su padrino.
“Mi mente es libre, soy libre. Presos son ellos de su esclavitud forzada y obligada”, declaró.
Becerra Curbelo cumplió la mayoría de edad en prisión, y fue condenado a 13 años de privación de libertad a pesar de que su petición fiscal era de cinco años sin internamiento.
En septiembre último, autoridades cubanas negaron un cambio de medida a favor de Becerra Curbelo.“El cambio de medida de mi hijo fue denegado. Sin visitas (…) solo ellos tienen la última palabra. La libertad de mi hijo está en manos de Dios”, declaró su madre, Yanaisy Curbelo, en redes sociales.
Becerra Curbelo pertenece al grupo de manifestantes que protestó en la Esquina de Toyo, en el municipio capitalino Diez de Octubre. El 17 de marzo se hicieron oficiales las condenas para ese grupo de presos y el de la Güinera. Algunas penas alcanzaron los 30 años de cárcel.
Una publicación del Tribunal Supremo Popular expresa que solo un acusado, Nayn Luis Marco Molinet, “fue absuelto por el tribunal por no demostrarse su participación en los hechos”.
Luego de celebrarse los juicios de Toyo y La Güinera entre diciembre de 2021 y febrero del presente año, las sanciones fueron impuestas por los delitos de “hurto” y “sedición”. El Tribunal Provincial Popular de La Habana justificó su rigor con los manifestantes basándose en la acusación de “cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.
La mayoría de las condenas superan los 10 años de prisión. En los casos de Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven ascienden a 30 años, mientras que para Wilmer Moreno Suárez serían 26 años tras las rejas.
El joven Walnier Ruiz Aguilar, cuya familia denunció que padece discapacidad intelectual, fue condenado a 23 años.
El tribunal del régimen aseveró que, en el municipio de Diez de Octubre, los manifestantes actuaron “obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior” e “intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta”.