La embajada de Estados Unidos en La Habana exigió este 4 de noviembre al gobierno cubano que libere a los manifestantes pacíficos encarcelados tras las protestas del 11 de julio en Cuba.
Además, pidió al régimen que respete el derecho de los cubanos a manifestarse libremente el 15 de noviembre (15N) y mostró preocupación por las sanciones impuestas a decenas de personas en todo el país tras las últimas protestas.
La sede diplomática hizo referencia a la Marcha Cívica que convoca el grupo Archipiélago para el 15N, declarada “ilícita e ilegal” por las autoridades judiciales cubanas, a pesar de estar ampara en el artículo 56 de la Carta Magna, que garantiza el derecho a manifestación pacífica.
Archipiélago decidió adelantar la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
El 12 de octubre el régimen declaró ilícita la marcha. Los organizadores en cada territorio fueron informados de la negación a través de las intendencias de sus localidades.
Desde octubre, las autoridades cubanas comenzaron a imponer sanciones a personas encarceladas tras el levantamiento popular del verano, con penas que oscilan entre pocos meses y 20 años de cárcel.
Este jueves la Cámara de Representantes de EE.UU., de mayoría demócrata, aprobó una iniciativa de apoyo a los manifestantes de julio.
Con el respaldo de 382 legisladores y el rechazo de 40, la iniciativa ahora pasará al Senado para luego ser enviada a la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden debe firmarla para que se convierta en ley.
La legislación expresa la “solidaridad” de Washington con los cubanos que fueron detenidos el 11 de julio y condena los “actos de represión” del Gobierno de Cuba, además de pedir la “inmediata liberación” de quienes fueron detenidos “arbitrariamente” durante las protestas.
También pide a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), al Ministerio del Interior cubano y a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) “que no arresten ni detengan a manifestantes pacíficos”.
El proyecto fue impulsado por la legisladora demócrata Debbie Wasserman-Schultz y recibió el apoyo del republicano Mario Díaz-Balart, ambos representantes del estado de la Florida, donde reside la comunidad de exiliados cubanos más grande del mundo.
