El reportero de CubaNet Orelvys Cabrera, residente en Cárdenas, Matanzas, acudió este 28 de octubre ante las autoridades policiales luego de recibir la víspera una citación para ser “entrevistado”.
Cabrera aseguró al medio de prensa independiente que el objetivo de la Policía es intimidarlo por su actividad como periodística. “[Es] para decirme que si salgo a la calle el día 15 de noviembre (15N) voy a ir preso”, precisó.
Según el joven en su provincia la Policía y la Seguridad del Estado, dependencia encargada de vigilar a los opositores políticos, están amenazando con represalias a la población para que no salgan a la calle el 15N, como ya lo hizo durante las protestas masivas de julio.
CubaNet asegura que Cabrera fue multado en septiembre por “desorden público”, luego de permanecer más de un mes prisionero tras las manifestaciones masivas. Fue liberado el 17 de agosto bajo medida de reclusión domiciliaria.
El próximo 15 de noviembre el grupo contestatario Archipiélago, formado tras las protestas de julio, convocó a otra marcha pacífica en varias localidades del país para exigir un cambio democrático y la liberación de los presos políticos.
El 12 de octubre el régimen calificó de “ilícita e ilegal” la marcha. Mientras tanto, los medios de prensa fieles al Partido Comunista de Cuba tergiversaron el propósito de la misma y descalificaron las intenciones de sus organizadores.
El 21 de octubre la Fiscalía General amenazó a los manifestantes con acusarlos de “instigar a delinquir” y otros delitos graves si marchan ese día, aun de manera pacífica.
El órgano del Estado cubano asegura que su advertencia está fundada en el artículo 156 de la Constitución, que explica el deber y misión de la Fiscalía en el cuidado del respeto a la ley por los ciudadanos.
En cambio, los promotores de la manifestación fundamentaron su convocatoria en el artículo 56: “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
Archipiélago decidió adelantar para el 15 de noviembre la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
El régimen cubano ha utilizado detenciones, amenazas y expulsiones de centros de trabajo para intimidar a los ciudadanos y conjurar la marcha.
Desde inicios de octubre, el sistema judicial cubano comenzó a imponer sanciones a varios prisioneros del 11 de julio como escarmiento, por delitos como “desacato”, “instigación a delinquir” y “desorden público”. Las penas oscilan entre pocos meses y 14 años.
