La activista Daniela Rojo, miembro del grupo Archipiélago, dijo este 12 de octubre tras una detención arbitraria que “a Cuba la gobierna una mafia” y que luego de la prohibición de la marcha del 15 de noviembre no quedan dudas de que “es una dictadura”.
“Es increíble como la Seguridad del Estado asume que tiene todo el derecho de imponerse sobre los ciudadanos de la manera que lo hace. El desconocimiento burdo y cruel que tienen en materia de derechos humanos los pone en un plano de cinismo que quizá algunos de ellos hasta ignoren”, afirmó la joven en Facebook, tras agradecer por la presión y la solidaridad para que la liberaran.
“Las mafias son mafias, se pinten del color que se pinten. Para mi criterio a Cuba la gobierna una mafia y eso ninguno puede hacérmelo cambiar”, añadió Daniela Rojo.
Explicó sobre su interrogatorio que “vino el oficial que 'me atiende' en la mañana [del martes] dizque para conversar en la estación de policía. Obviamente tanteando el terreno y los ánimos de los organizadores del 15N tras la injusta negativa y presunción de ilegitimidad del gobierno a nuestra notificación de marcha pacífica”.
Rojo aseguró que su posición “es firme, ante la injusticia siempre voy a alzar mi voz viva en el país que viva”.
Sobre el rechazo del régimen a la Marcha Pacífica por el Cambio, opinó en redes la activista y coordinadora de Archipiélago en La Habana que “tuvieron la oportunidad de demostrar que son un gobierno legítimo que respeta los derechos ciudadanos, pero no. En Cuba hay una dictadura. ¿A alguien le quedan dudas?”
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Este martes el régimen cubano declaró “ilícita” la Marcha Cívica por el Cambio que promueve el grupo contestatario Archipiélago, surgido tras la represión a las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio último.
Ciudadanos en La Habana, Holguín, Santa Clara, Pinar del Río, Cienfuegos, Nuevitas, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo, entre otras localidades, firmaron documentos que notifican a las autoridades locales la intención de marchar por la “no violencia”, demandando respeto a los derechos humanos y libertad para los presos políticos.
Los promotores de la manifestación fundamentaron su convocatoria con el artículo 56 de la Constitución aprobada en el 2019: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
Archipiélago aseguró en un comunicado que “el 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo”.
“La respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho —agrega el grupo contestatario—, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia Constitución y que violan los Derechos Humanos de los cubanos”.
