Ernesto Soberón Guzmán, alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), aseguró que es “mínimo” el número de cubanos que tienen prohibida la entrada a la isla y que el régimen impide regresar a “un grupo” por motivos de “seguridad nacional”.
“Hoy es mínimo el número de cubanos que tienen algún tipo de limitación de entrada, [es] ínfimo en relación con el número de cubanos que se encuentran en el exterior”, dijo Soberón, jefe de la Dirección General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, en una directa por redes sociales con el académico pro gubernamental Arturo López-Levy y el activista anti embargo Carlos Lazo.
Según el funcionario del régimen castrista, que no ofreció cifras de los forzados a exiliarse, “un grupo de ellos [están] relacionados con situaciones de seguridad nacional, y otro grupo (…) con el tema del abandono de la misión en el exterior que tiene implicaciones no solo para Cuba, sino también para los países donde nuestros colaboradores participan”.
En otra entrevista, ofrecida al medio OnCuba, Soberón Guzmán llamó “limitación de entrada indefinida” a la práctica de desterrar a cubanos que no cometieron otro “delito” que disentir del régimen político.
“(…) en la actualidad poseen limitación de entrada al territorio nacional, un ínfimo grupo de cubanos por estar vinculados a sectores más reaccionarios de la ultraderecha anticubana”, aseguró el funcionario a OnCuba.
Reiteró que “dentro del exiguo grupo de ciudadanos cubanos que poseen limitación de entrada al país, también se incluyen aquellos que poseen una limitación de entrada temporal por abandono de su misión oficial. Medida que expira una vez transcurre el tiempo establecido [8 años], y luego de la cual (…) pueden entrar al país sin ninguna otra regulación o requisito”.
¿Qué cubanos son un “peligro” para el régimen?
Dos casos recientes ilustran a quiénes considera el gobierno cubano merecedores del destierro. En marzo del 2021, la joven reportera cubana Karla Pérez debió solicitar refugio político en Costa Rica, tras la prohibición oficial de entrar a su país al concluir estudios de periodismo en la Universidad Latina, que se le comunicó cuando su avión hizo escala en Panamá de camino a La Habana.
La negativa a que Pérez regrese a Cuba constituyó un destierro explícitamente político, como demostró la Cancillería en una conferencia de prensa. Yaira Jiménez Roig, directora de Comunicación e Imagen del Minrex, recurrió a descalificaciones contra la redactora y editora de ADN Cuba, relacionadas con su posición contraria al gobierno, para justificar la prohibición.
“Esta ciudadana es emigrada cubana, con varios años fuera del país. (…) Ella es un instrumento, no es la primera vez que la utilizan en este tipo de tácticas para acciones fuera de la ley y desestabilizadoras contra Cuba”, afirmó la funcionaria, sin ofrecer prueba alguna.
“(…) pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos. No fue casual su estancia en Costa Rica, donde hay elementos y grupos que mantienen relación con grupos violentos en Miami”, agregó Jiménez, sin mencionar que Karla Pérez viajó al país centroamericano gracias a una beca estudiantil, tras su expulsión del sistema universitario cubano por discriminación política.
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Por otra parte, el 25 de septiembre último el régimen cubano envió a un exilio “sin retorno” al artista visual Hamlet Lavastida y la escritora y activista Katherine Bisquet. Los intelectuales viajaron a Polonia a cambio de la liberación del primero, tras cerca de tres meses de encierro.
La Seguridad del Estado definió la maniobra como una acción de “racionalidad política” impuesta por el inconveniente de mantener una prolongada represión sobre la pareja. Así lo explicó Bisquet en un post en su perfil de Facebook, donde subrayó que la policía política les impuso el exilio de ambos como “única opción para la excarcelación de Hamlet”.
Durante los 90 días en que Lavastida permaneció detenido bajo un proceso de investigación infundado, Bisquet fue “blanco de acoso, coacción, privación ilegal de libertad (prisión domiciliaria por 65 días), tortura psicológica, detenciones ilegales y amenazas de procesamiento por parte de la Seguridad del Estado”.
“He sido víctima del chantaje a través del cual el poder me hacía saber que, cada día que transcurría sin que yo consiguiera una visa, representaba un día más de cárcel para Hamlet. Mi salida del país era la moneda de cambio para su liberación”, escribió la poeta.
“Nos han violado, nos han expatriado, nos han asesinado, nos han encarcelado, nos han censurado, y todo ha sido silenciosamente, bien de cerca, en nuestro patio, en nuestra propia casa”, condenó Bisquet.
