Inmigrantes hispanos, reunidos en la coalición que lucha por los derechos de los inmigrantes y que agrupa a más de 20 organizaciones de la sociedad civil, se movilizaron este lunes en la mañana, en el centro de Los Ángeles. Tras la conferencia de prensa, los activistas protestaron frente al edificio federal Ronald Reagan y, desde allí, dirigieron un duro mensaje a la administración Biden y al Partido Demócrata, confirmó este martes por vía telefónica Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización El Rescate.
Sanabria dijo que a pesar de que los demócratas controlan ambas Cámaras no se ve la voluntad para avanzar en la reforma migratoria y llegar a acuerdos con los republicanos que permitan avanzar en este tema fundamental, pero si han podido hacerlo frente a otros asuntos que han sido tratados satisfactoriamente en el Congreso.
La capacidad del diálogo bipartidista debería llevar a que no se descarten las distintas posibilidades que resuelvan la reforma migratoria, con mayor razón cuando se trata de aliviar las vidas y de garantizar los derechos de 11 millones de personas, indicó Sanabria a este medio.
Jorge Macías cubrió la manifestación y observó que los “inmigrantes no quieren más mentiras por parte de los líderes demócratas”.
Durante la manifestación, según el reportaje de Macías, sobresalió el reclamo de “valentía” que deben exhibir tanto el presidente Biden como los demócratas en el Congreso a fin de sacar adelante la reforma migratoria.
Para Luis Vega, director de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona, es preciso que el Congreso haga “un alto a la hipocresía”. Mientras que Cecilia Rodríguez, directora ejecutiva de la Alianza Hondureña de Los Ángeles, apuntó: “Queremos decirle a Pelosi y al presidente Biden, ¡ya basta de mentiras!”.
El activista Juan José Gutiérrez dijo que el presidente Biden debe “cumplir su palabra y mover la reforma migratoria”, además de “dejar en claro” a los miembros de su administración, en alusión a la vicepresidenta Kamala Harris, y a los líderes demócratas en el Congreso, “que no somos ningunos retrasados mentales”. “Ya está bueno que nos den atole con el dedo; no sé a qué le tienen miedo los demócratas”, agregó.
Gutiérrez abundó al destacar que hubo muchas personas que “trabajamos arduamente para darles la victoria” a los demócratas, pero esta no fue un cheque en blanco. Si los demócratas no responden, los votantes ajustarán cuentas en las elecciones intermedias de 2022: “definitivamente habrá un voto castigo, aunque no nos queremos adelantar a los hechos”, expuso el activista.
Los manifestantes reclamaron la pronta resolución del estatus migratorio de 11 millones de personas, de forma permanente, y que incluyen a los denominados soñadores (dreamers), tepesianos, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales que estuvieron al servicio de la economía de los Estados Unidos durante la pandemia de covid-19.
Por otra parte, se dejó constancia de que existe un proyecto de legalización que cursa actualmente en el Congreso estadounidense y que podría convertirse en la Ley HR 2920. El proyecto fue presentado por la congresista demócrata de Texas, Verónica Escobar y su homólogo republicano, David Valadao, de California.
La iniciativa se centra en resolver los problemas de inmigración y de ciudadanía que separan a los ciudadanos estadounidenses de sus cónyuges e hijos que no poseen esta nacionalidad.
La HR 2920 o Ley de Familias Estadounidenses Unidas fue introducida en el Congreso el 30 de abril y sostiene que más de 1.3 millones de ciudadanos estadounidenses han experimentado la separación familiar porque el familiar incluye al cónyuge de un ciudadano estadounidense a quien se le ha negado una visa o se le ha deportado de los Estados Unidos.
Adicionalmente, otros 2.7 millones de ciudadanos estadounidenses se enfrentan a la posibilidad de una separación familiar por este motivo.
A los inmigrantes se les puede denegar el permiso para vivir en Estados Unidos por múltiples razones, pero los trabajadores de inmigración y los jueces pueden sopesar en ocasiones otros factores para renunciar a esas razones, aquí juega la discrecionalidad de la autoridad competente para aprobar algún caso. Sin embargo, actualmente esos factores no incluyen el derecho de un ciudadano estadounidense a vivir con su familia inmigrante en Estados Unidos.
En ese sentido, la Ley HR 2920 resolvería puntualmente el problema al permitir que los ciudadanos estadounidenses soliciten una exención, dependiendo del caso, para el cónyuge y los hijos (no estadounidenses) que por diversas razones pueden enfrentarse al hecho de que se les niegue el permiso para vivir en los Estados Unidos.
