El informe de agosto del Observatorio Legislativo de Cuba (OLC) subrayó la demora en aprobar leyes sobre derechos políticos por parte del régimen cubano y el impacto social de esta decisión.
Esta iniciativa mensual del proyecto Demo Amlat, dedicada al monitoreo de la actividad legislativa cubana a partir de la Reforma Constitucional de 2019 en ese país, no aborda noticias relacionadas con la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular pues esta fue suspendida en julio pasado por Esteban Lazo Hernández, su presidente.
Los temas del informe fueron:
- La demora en la aprobación de leyes sobre derechos políticos
- Consideraciones sobre los Proyectos de la Ley sobre Tribunales de Justicia, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de
- Reclamación de los Derechos Constitucionales
- El gobierno cubano y su inacción al respecto de la ampliación de los derechos políticos
- El posible impacto en la ciudadanía
Sobre la carencia de derechos políticos de los isleños analizaron el contexto cubano tres abogados de Cubalex: Giselle Morfi Cruz, Raudiel Peña, Alain Espinosa y Julio Ferrer.
El abogado Raudiel Peña, al hablar sobre las perspectivas que se esperan, en cuestiones de leyes, en el 2021 cubano dijo que el contenido legislativo “seguirá estando mediado por los intereses políticos imperantes, que se basan en la restricción de los derechos humanos de quienes ejerzan el periodismo independiente, algún tipo de activismo u oposición política”.
El Decreto Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”, centro de críticas nacionales e internacionales por ser considerado otra Ley Mordaza, fue diseccionado por los analistas.
Esta normativa, fue publicada, junto a otras normas complementarias, el 17 de agosto y regula la libertad de expresión de los cubanos en redes sociales.
A pesar de que su aprobación se anunciará desde abril de 2021, su publicación tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio no es ingenua.
“Las protestas fueron convocadas desde el espacio cibernético empleando las redes como canal para el mensaje de sublevación. Con el Decreto-Ley 35 y sus leyes adyacentes el Estado intenta criminalizar el uso de internet y próximas revueltas populares”, señala una nota llegada a ADN a través de Transparencia Electoral, organización fundadora de Demo Amlat.
Sobre la regulación de la libertad de expresión Morfi aclaró que “Teniendo en cuenta lo regulado en el Decreto Ley 370 y el recién publicado Decreto-Ley 35 y demás normas complementarias que se centran en el control estatal a la ciberciudadanía y la protección del Estado, de los intereses del Partido Comunista y de los gobernantes y la ideología, así como el establecimiento de la censura previa, la autocensura y la violación de derechos fundamentales como el derecho a la información, las expectativas con las normas venideras no son muy esperanzadoras mientras el sistema totalitario perdure”.
Concluye el informe que las leyes vigentes en Cuba y las posibles a aprobar en el futuro sostendrán al poder del régimen.
Así, la legislación cubana demuestra su arcaísmo y su distanciamiento con respecto a los estándares mundiales.
